A pie de asfalto, la realidad salta a la vista: España circula hoy por una red de carreteras que, en más de la mitad de su extensión, presenta daños de gravedad, con baches, grietas y firme degradado como estampa habitual.
A día de hoy, 10 de septiembre de 2025, los datos son demoledores: el 52% de la infraestructura viaria nacional requiere actuaciones urgentes, y casi 34.000 kilómetros precisan reconstrucción inmediata para evitar riesgos aún mayores.
La presión social y mediática crece ante la evidencia del deterioro. Colectivos de transportistas, asociaciones de usuarios y expertos en infraestructuras insisten en la urgencia de un nuevo plan de inversión y mantenimiento que revierta años de abandono.
En el horizonte, la solución pasa por asignar recursos de forma eficaz y por una gestión transparente, capaz de priorizar el interés general sobre el gasto accesorio. La movilidad, la seguridad y la economía nacional dependen, en gran medida, de que el asfalto español deje de ser una trampa y vuelva a ser un motor de desarrollo.
El debate está servido, pero lo que no admite discusión es la necesidad de actuar antes de que el deterioro sea irreversible.
El deterioro, en cifras: 34.000 kilómetros al límite
La evolución del estado de las carreteras en los últimos años dibuja una curva ascendente de deterioro. En 2022, 13.000 kilómetros necesitaban una intervención de emergencia; en la actualidad, la cifra se ha multiplicado por casi tres: 33.966 kilómetros presentan daños estructurales y superficiales tan severos que la única solución viable es una reconstrucción total en menos de un año.
El impacto es especialmente grave en regiones como Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia, donde el 68%, 59% y 59% de la red, respectivamente, está en estado crítico. La media nacional, del 52%, evidencia una situación generalizada, pero el mapa del abandono se intensifica en estas comunidades.
Otros 20.400 kilómetros presentan daños graves y deberían ser objeto de actuaciones en un plazo máximo de cuatro años, elevando el total de carreteras españolas necesitadas de intervención a más de 54.000 kilómetros, más de la mitad de la red estatal.
Un déficit acumulado de más de 13.400 millones de euros
El deterioro no es solo visible: es también económico. El déficit en conservación y mantenimiento supera los 13.400 millones de euros, una cifra que ha crecido un 43% desde 2022 y que tiene en la inflación de materiales y energía uno de sus principales acelerantes.
El último gran plan de carreteras se remonta a los años 80 y 90. Desde entonces, las inversiones han sido insuficientes y el coste de no actuar se multiplica: por cada euro que no se invierte a tiempo, la factura futura se incrementa exponencialmente. El 20% del incremento del déficit se debe al IPC, pero el 23% responde al agravamiento del estado físico de las vías.
Consecuencias: accidentes, costes logísticos y economía ralentizada
Las carreteras en mal estado impactan de lleno en la seguridad vial. En 2024, más de 1.100 personas fallecieron en accidentes de tráfico, buena parte de ellos en vías secundarias con firme degradado.
La economía tampoco sale indemne: el deterioro provoca retrasos en el transporte de mercancías y pasajeros. Los camiones tardan de media un 12,5% más en completar sus rutas, y los autobuses hasta un 25% adicional. Este verano, solo el mal estado de la red ha costado a los conductores 270 millones de euros extra en consumo de gasolina.
La antigüedad del parque móvil —rozando los quince años— agrava el problema, ya que los vehículos más antiguos son menos seguros ante baches y asfalto irregular.
Prioridades del Ministerio de Óscar Puente: del asfalto al gimnasio
Mientras la red viaria se resquebraja, las prioridades del Ministerio de Transportes han sido objeto de intensa polémica. El departamento dirigido por Óscar Puente ha destinado 96.763 euros a reformar un gimnasio en su sede central en Madrid, con el objetivo de ofrecer a los funcionarios actividades como yoga y pilates.
La inversión, justificada oficialmente para “mejorar la conciliación y el rendimiento laboral”, incluye la renovación integral del espacio, nueva iluminación LED regulable y climatización de última generación. La iniciativa contrasta con la falta de fondos para la conservación de carreteras, una situación que el propio Ministerio atribuye en ocasiones a la escasez presupuestaria.
El debate político y social: ¿falta de recursos o de voluntad?
El abandono de las carreteras ha desatado críticas desde múltiples frentes. Se argumenta que los ingresos fiscales generados por los vehículos —más de 30.000 millones de euros anuales sumando impuestos sobre carburantes, IVA de compraventa, matriculación, circulación, peajes y multas— deberían ser suficientes para asegurar el mantenimiento adecuado de la red.
Sin embargo, la asignación de recursos parece estar en el centro del problema. La Asociación Española de la Carretera señala que la situación actual es la peor desde hace más de tres décadas y alerta de que, sin un cambio de rumbo, el coste económico y humano seguirá creciendo.
La gestión de Óscar Puente ha sido calificada de “ineficaz” y “negligente” por diversos sectores, que acusan al Ministerio de priorizar gastos superfluos frente a necesidades urgentes. En paralelo, el caos ferroviario y los retrasos en el transporte público agravan la percepción de un sector en crisis estructural, donde la falta de inversiones amenaza la movilidad, la seguridad y la competitividad del país.