A día de hoy, 8 de septiembre de 2025, la actividad legislativa del Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar presenta síntomas inequívocos de agotamiento.
El Plan Anual Normativo para 2025, que en su momento fue presentado como un ambicioso programa de reformas, se ha quedado en papel mojado: el Ejecutivo solo ha conseguido sacar adelante un exiguo 13% de las leyes comprometidas, lo que se traduce en 8 iniciativas de las 59 previstas para este año.
El 87% restante ni está ni se le espera en la agenda parlamentaria, ni siquiera con fecha tentativa para su tramitación.
La situación no deja de tener cierto aire de tragicomedia política.
El Consejo de Ministros aprobó en abril un listado de 199 compromisos legislativos, repartidos en 16 leyes orgánicas, 43 leyes ordinarias y 140 reales decretos.
Cinco meses después, la realidad se impone: la mayoría de estas normas duermen el sueño de los justos. Como recordatorio, la medida estrella de la temporada, la reducción de la jornada laboral, sigue atascada por falta de acuerdos y con Junts cerrando el grifo de los apoyos.
El resultado: el Ejecutivo navega sin brújula en pleno inicio de curso político, mientras la oposición toma buena nota de la parálisis y la utiliza como munición parlamentaria.
El curso político arranca entre reproches y desencuentros
La falta de apoyos no es una mera cuestión aritmética, sino el reflejo de una debilidad parlamentaria crónica. El Gobierno de Pedro Sánchez depende para cada votación de una amalgama de partidos con intereses dispares y, en ocasiones, antagónicos. La reciente reunión de la Junta de portavoces no hizo sino evidenciar la brecha abierta: mientras el Partido Popular exige explicaciones por la omisión de hasta 32 leyes arrastradas del año anterior, los portavoces del Ejecutivo se enzarzan en explicaciones circulares sobre la imposibilidad de avanzar en las reformas.
Por si fuera poco, desde Sumar no esconden su malestar. Voces internas del partido de Yolanda Díaz reclaman medidas urgentes de regeneración democrática y advierten de que el capital político acumulado durante la legislatura puede evaporarse en tiempo récord si la coalición no logra desbloquear sus principales proyectos. El propio PSOE, lejos de mostrar músculo negociador, se resigna a una política de mínimos, dosificando la presentación de leyes ante la amenaza constante de derrotas parlamentarias y, lo que es peor, del fantasma de nuevas elecciones anticipadas.
Parálisis normativa y clima de incertidumbre
El bloqueo no solo es político, también es normativo. El número de proyectos legislativos empantanados en el Congreso ha crecido un 65% respecto a 2024, alcanzando casi 45 iniciativas sin visos de ser resueltas a corto plazo. Si bien algunos podrían ver con alivio que propuestas polémicas, como la reducción por decreto de la jornada a 37,5 horas, queden en vía muerta, la preocupación crece por la falta de avances en normas clave como la Ley de Industria o la relativa al suelo edificable.
Esta parálisis tiene efectos colaterales nada desdeñables:
- Incertidumbre jurídica para empresas e inversores.
- Retraso en reformas estructurales exigidas por Bruselas y organismos internacionales.
- Desgaste institucional y pérdida de confianza ciudadana en la capacidad de gobernar.
La oposición, especialmente el Partido Popular, no pierde la ocasión para señalar la “incapacidad” del Ejecutivo. Según sus propios cálculos, solo un 44,95% de las normas previstas en el Plan Anual Normativo de 2024 llegaron a aprobarse, arrastrando al actual plan un 42% de “incumplimientos” heredados del pasado ejercicio. De las 199 normas prometidas para 2025, 77 ya estaban en la agenda del año anterior y fracasaron, lo que convierte el plan actual en un compendio de promesas incumplidas.
Sumar y PSOE: el matrimonio de conveniencia entra en crisis
El clima dentro de la coalición dista mucho de la armonía. Mientras Sumar presiona por una agenda de transformación social y medidas anticorrupción, el PSOE opta por el pragmatismo y busca sobrevivir a cada pleno parlamentario. Las diferencias afloran especialmente en asuntos estratégicos como la ley de reducción de jornada, con negociaciones a la desesperada entre Díaz y Junts para evitar una derrota sonada en el Congreso.
Algunos sectores socialistas asumen ya que sin el apoyo de Junts será imposible sacar adelante la medida. La postura de los neoconvergentes es clara: prefieren que se retire el proyecto y se aborden otros temas, como el absentismo laboral o el empleo juvenil. El Gobierno, mientras tanto, trata de evitar una nueva imagen de derrota en pleno asedio de la oposición por los casos de supuesta corrupción que le rodean.
El debate público y la España que no funciona
El debate sobre la parálisis legislativa ha saltado con fuerza a la opinión pública. Editoriales recientes recogen la gravedad de la situación: un Gobierno sin mayoría ni Presupuestos, sometido al chantaje de sus socios parlamentarios y lastrado por los escándalos de corrupción, incapaz de dar respuesta a los problemas cotidianos de la ciudadanía. La legislatura avanza a trompicones, con plenos cada vez más cortos y una agenda legislativa raquítica.
A todo esto, el Ejecutivo intenta contrarrestar la narrativa de bloqueo recordando las 19 leyes y 16 decretos aprobados en lo que va de legislatura, aunque incluso sus aliados de la izquierda muestran impaciencia por la falta de avances en demandas fundamentales.
Curiosidades y datos de interés
- Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se han derogado seis decretos-ley, récord absoluto en democracia, cifra que supera a todos los gobiernos anteriores juntos.
- El plan normativo de 2025 recoge 199 normas previstas, pero 77 ya figuraban en la lista de 2024 y no vieron la luz, lo que convierte la agenda gubernamental en un “déjà vu” legislativo.
- La medida más mediática, la reducción de la jornada laboral, fue aprobada en Consejo de Ministros sin el respaldo de la CEOE y, pese a las maniobras de última hora, podría no llegar a debatirse en el Congreso este año.
- En el último semestre, el número de proyectos legislativos atascados en el Congreso ha crecido un 65%, un dato que ilustra la magnitud de la parálisis.
- El ambiente en los pasillos del Congreso se resume en una frase escuchada entre diputados: “El plan normativo no está en coma, está en cuidados paliativos”.