El primer ministro François Bayrou ha colocado la deuda pública de Francia en el centro del debate político y social.
Su mensaje es claro: el país enfrenta un “peligro inmediato” por el sobreendeudamiento, una advertencia que ha calado no solo en los pasillos del Palacio del Elíseo, sino también en los mercados financieros.
Las acciones de los bancos franceses, grandes tenedores de deuda estatal, han caído en la Bolsa de París, reflejando la inquietud internacional.
La deuda pública alcanza el 114% del PIB, solo por detrás de Grecia e Italia dentro de la Unión Europea, y el déficit se sitúa en un 5,4%, muy lejos del objetivo del 3% exigido por Bruselas.
A día de hoy, 28 de agosto de 2025, este contexto ha provocado una fuerte volatilidad bursátil: el índice CAC 40 cayó un 1,7% tras el anuncio de Bayrou, y la prima de riesgo francesa ha subido siete puntos en apenas dos días.
Los bonos a diez años cotizan al nivel más alto desde marzo, con un interés del 3,5%.
El ministro de Economía, Éric Lombard, advierte que “en 15 días pagaremos nuestra deuda más cara que Italia”, aunque descarta por ahora una intervención del Fondo Monetario Internacional o del Banco Central Europeo.
Las medidas propuestas: ajuste y controversia
El plan de ajuste presentado por Bayrou es ambicioso: recortar 43.800 millones de euros en 2026 para reducir el déficit al 4,6% ese año y al 2,8% en 2029. Entre las medidas figuran:
- Congelación de pensiones
- Reducción del empleo público
- Recorte del gasto social y sanitario
- Supresión de dos festivos nacionales (el lunes de Pascua y el 8 de mayo)
- Imposición de una “contribución de solidaridad” a las rentas más altas
Estas propuestas han generado una fuerte reacción social y política. El 84% de los franceses rechaza eliminar días festivos según encuestas recientes. Líderes como Marine Le Pen y representantes del Partido Socialista califican el presupuesto como “brutal e inaceptable” y amenazan con derribar al gobierno si se intenta aprobar sin votación parlamentaria. El partido Francia Insumisa ha anunciado que tampoco apoyará el plan y buscará derribar al ejecutivo si insiste en aprobarlo.
Radiografía comparada: ¿excepción francesa o tendencia europea?
La situación francesa destaca por su excepcionalidad dentro del entorno europeo:
- Francia es el tercer país más endeudado de la UE (114% del PIB), solo superado por Grecia e Italia.
- Desde el año 2000, la deuda pública francesa ha crecido en 53 puntos porcentuales del PIB (frente a 44 en España y apenas 5 en Alemania).
- El gasto público representa un altísimo 57% del PIB.
Un dato clave es que este aumento no se debe solo al gasto excesivo, sino también a importantes rebajas fiscales aprobadas desde 2017 para hogares y empresas. Paradójicamente, estas rebajas no han impulsado suficientemente la economía como para evitar que el déficit se agrave. El Observatorio Francés de Coyuntura Económica (OFCE) estima necesario un ajuste de 100.000 millones de euros (3,4 puntos del PIB) para estabilizar la deuda, aunque no recomienda centrarlo únicamente en recortes al gasto público como propone Bayrou.
El coste creciente y las implicaciones futuras
En términos prácticos, este año Francia destinará más dinero al servicio de su deuda (66.000 millones) que a educación o defensa. Si no se actúa, se calcula que en 2029 este coste podría superar los 100.000 millones y convertirse en la mayor partida presupuestaria nacional. Esta presión limita gravemente la capacidad fiscal para afrontar otros retos sociales o invertir en sectores estratégicos.
Por otro lado, los ajustes propuestos buscan también cumplir compromisos internacionales como aumentar el gasto militar acordado con la OTAN. Sin embargo, existe un temor palpable: las medidas podrían debilitar aún más el crecimiento económico –que ya se prevé será solo del 0,6% este año frente al promedio europeo– y erosionar el generoso sistema social francés.
Europa vigila: ¿riesgo sistémico o alarma política?
La alarma lanzada por Bayrou ha generado preocupación entre sus socios europeos. La Comisión Europea vigila de cerca las cuentas francesas ante posibles incumplimientos del Pacto de Estabilidad Financiera. Aunque Lombard insiste en que no habrá subida generalizada de impuestos ni recortes drásticos al sistema social más allá de las rentas altas, la oposición teme una deriva hacia políticas de austeridad impopulares.
La moción de confianza convocada para el próximo mes puede marcar un antes y un después: si fracasa, se abre un escenario incierto donde podría cambiar el primer ministro, convocarse elecciones o incluso producirse dimisiones relevantes. En todo caso, lo cierto es que Francia está obligada a sanear sus finanzas públicas para evitar sanciones europeas y tranquilizar a los mercados internacionales.
La escena política francesa hierve con debates sobre responsabilidad fiscal y protección social; cada decisión puede tener repercusiones profundas tanto en la economía doméstica como en el equilibrio europeo.