En pleno debate sobre la autonomía energética y la dependencia de suministros exteriores, especialmente tras las tensiones con Rusia, la pregunta sobre por qué España no explota su propio uranio ha cobrado fuerza. El país cuenta con una de las mayores reservas de este mineral en Europa, suficiente para abastecer a todas sus centrales nucleares durante casi dos décadas, según los datos más recientes del Libro Rojo del Uranio. Sin embargo, la extracción y producción están paralizadas por una legislación restrictiva, situando a España en una encrucijada energética.
¿Cuánto uranio hay realmente en España?
- En 2022, se identificaron 34.350 toneladas de uranio en territorio español.
- De ellas, 23.000 toneladas son “razonablemente aseguradas”, es decir, están confirmadas geológicamente y listas para ser explotadas.
- El resto, unas 11.350 toneladas, son recursos inferidos que requieren exploración adicional para confirmar su viabilidad.
Estas reservas se concentran principalmente en la provincia de Salamanca (Retortillo, Zona 7 y Alameda), aunque también hubo actividad histórica en Andújar (Jaén), El Lobo (Badajoz) y Los Ratones (Cáceres). Desde los años sesenta hasta el año 2000, se produjeron algo más de 5.000 toneladas de uranio en el país antes de que cerraran todas las minas activas.
Suficiente para abastecer el consumo nacional
- El consumo anual de las centrales nucleares españolas ronda entre 1.100 y 1.300 toneladas.
- Las reservas actuales permitirían operar el parque nuclear español durante unos 17-20 años sin depender del exterior.
Esto significa que, en teoría, España podría dejar de importar uranio —el 86% del cual actualmente proviene de países bajo influencia rusa— y garantizar un suministro estable para sus siete reactores nucleares activos.
¿Por qué no se explota el uranio español?
La respuesta es clara: está prohibido por ley. La Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, veta expresamente nuevas concesiones mineras para el uranio e impide prórrogas o ampliaciones de permisos existentes. El artículo 10 dicta que no se admitirán nuevas solicitudes ni ampliaciones para explorar o explotar recursos radiactivos como el uranio.
El argumento principal detrás de esta decisión es doble:
- El impacto ambiental y la generación de residuos radiactivos derivados de la minería y procesamiento del mineral.
- La apuesta política por acelerar la transición hacia las energías renovables frente a tecnologías como la nuclear.
Las autoridades sostienen que los proyectos mineros actuales no cumplen con los estándares ambientales y que el desarrollo económico vinculado al uranio no compensa los riesgos ecológicos ni sociales.
Dificultades técnicas: el cuello de botella del enriquecimiento
No basta con extraer el mineral: para poder usarlo en reactores nucleares es necesario un proceso industrial complejo llamado enriquecimiento. España no cuenta con capacidad propia para enriquecer uranio a nivel comercial. Esta actividad está fuertemente regulada internacionalmente por razones de seguridad y proliferación nuclear.
A nivel mundial, solo unos pocos países —Francia, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia— tienen instalaciones comerciales relevantes para el enriquecimiento. Por tanto, incluso si España extrajese su propio mineral, tendría que exportarlo para su enriquecimiento antes de poder utilizarlo.
Dependencia exterior e incertidumbre geopolítica
La paradoja es evidente: mientras las reservas permanecen bajo tierra por imperativo legal y falta de capacidad industrial propia, España depende mayoritariamente del exterior —y en especial de países bajo influencia rusa— para alimentar sus centrales nucleares. La reciente crisis energética europea ha puesto sobre la mesa los riesgos estratégicos de esta dependencia.
Desde Bruselas se están impulsando medidas para diversificar proveedores e incentivar una cadena de valor propia dentro de la Unión Europea. Se anima a los Estados miembros a presentar planes nacionales antes de finales de 2025 con acciones concretas para fortalecer sus capacidades industriales y reducir la influencia rusa en el sector nuclear europeo.
El debate nacional: entre renovables y seguridad energética
En plena transición energética acelerada hacia fuentes renovables —el objetivo oficial es alcanzar un 81% de generación renovable en 2030— voces críticas alertan sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido sin asegurar alternativas robustas como la nuclear. Economistas como Ángel de la Fuente o Lorenzo Bernaldo de Quirós señalan que contar con un respaldo estable como el nuclear es clave ante eventos extremos o fallos puntuales del sistema renovable.
Pese a ello, la hoja de ruta actual prioriza las energías limpias sobre cualquier reconsideración del uso del uranio nacional.
España se encuentra así ante una decisión crucial: mantener bajo tierra un recurso estratégico por razones medioambientales o reconsiderar su explotación para reforzar su autonomía energética frente a un mundo cada vez más incierto.