La noticia no ha pasado desapercibida en el panorama europeo: Alemania ha decidido prohibir el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones oficiales. La medida, impulsada por el Ministerio de Educación y Familia bajo la dirección de Karin Prien (Unión Demócrata Cristiana), obliga a que cualquier documento interno o externo de la administración se ajuste a las reglas ortográficas tradicionales del alemán, dejando fuera expresiones y símbolos como el asterisco de género (Gender-Sternchen) o el Binnen-I, habituales para visibilizar identidades no normativas.

Esta decisión se suma a la senda iniciada por Baviera en 2024, cuando ese estado federado ya había vetado estas fórmulas tanto en escuelas como en organismos públicos. Ahora la consigna es nacional: “hay que respetar las reglas”, dictaminan desde Berlín.

Las razones tras el veto y la reacción política

Durante la presentación de la medida, Prien defendió que se trata de una “necesidad política”, apelando a que pensar en quienes sufren exclusión social pasa más por acciones tangibles que por ajustes lingüísticos. El gobierno alemán defiende que el lenguaje oficial debe ser comprensible y neutral, evitando ambigüedades que —según su criterio— pueden surgir al forzar estructuras gramaticales ajenas a la lengua común.

No es casualidad que el canciller Friedrich Merz y su partido hayan sido reiteradamente críticos con el uso institucional del lenguaje inclusivo. El bloque conservador CDU/CSU ha mostrado tradicionalmente reservas ante muchas reivindicaciones LGTBIQ+, aunque con matices internos.

El debate no se queda ahí: políticos favorables a la prohibición consideran este paso como una victoria de la claridad institucional y un freno a lo que ven como imposiciones ideológicas. Por su parte, colectivos feministas y activistas LGTBIQ+ han criticado la medida por considerarla un retroceso simbólico.

El contraste con España: otro modelo, misma polémica

Mientras Alemania da marcha atrás, España sigue apostando institucionalmente por el lenguaje inclusivo. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid cuenta con una guía específica para promover documentación municipal no sexista y reducir desigualdades a través del uso del lenguaje. En los últimos años, tanto administraciones autonómicas como estatales han promovido recomendaciones para evitar sesgos de género, con resultados desiguales según el color político.

La diferencia es notable:

En España, además, existe un debate recurrente entre quienes consideran esencial visibilizar a todos los colectivos mediante reformas lingüísticas y quienes —como la Real Academia Española— alertan sobre riesgos para la claridad gramatical y advierten que “el masculino genérico no excluye ni a mujeres ni a personas no binarias”.

Por poner un ejemplo reciente, en 2024 el Congreso eliminó oficialmente la coletilla “de los Diputados” para adoptar un nombre neutro; una decisión que levantó ampollas en sectores conservadores y fue criticada por la RAE.

Tendencia europea: entre tradición y reivindicación

Alemania no es un caso aislado. Francia prohibió en 2023 toda fórmula inclusiva en documentos oficiales —incluidos contratos y comunicaciones administrativas—, defendiendo que el francés ya dispone de recursos neutros. Italia también ha restringido símbolos de género neutro o no binario en sus escuelas públicas, aduciendo motivos de coherencia gramatical y facilidad lectora.

En otros lugares como Argentina se ha seguido una línea similar, con prohibiciones explícitas impulsadas por gobiernos conservadores o liberales clásicos. Cada país parece buscar su propio equilibrio entre inclusión simbólica e integridad lingüística.

¿Y ahora qué? España mira de reojo

El debate sobre cómo debe hablar la administración pública está lejos de cerrarse. En España, cualquier movimiento legislativo similar al alemán desataría una tormenta política entre los defensores del llamado lenguaje igualitario y quienes abogan por mantener las normas académicas tradicionales.

Algunas curiosidades sobre esta cuestión:

• La palabra “todes”, habitual en discursos políticos progresistas españoles, sigue sin convencer a los académicos… pero se cuela cada vez más en campañas institucionales.
• Las recomendaciones municipales incluyen desde evitar cargos genéricos masculinos hasta fórmulas dobles (“ciudadanos y ciudadanas”) o perífrasis alternativas.
• La RAE mantiene su rechazo frontal a alterar las reglas ortográficas tradicionales salvo consenso social muy amplio.
• En Alemania, quienes usen símbolos inclusivos podrán verse obligados a rehacer documentos oficiales… así que más les vale tener buena memoria gramatical.

La polémica continúa viva: mientras unos ven una necesaria modernización del lenguaje público, otros advierten contra los excesos de lo políticamente correcto. Alemania ya ha elegido bando. España, por ahora, observa —y discute— desde la barrera.