La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) vuelve a estar en el centro del debate político y empresarial en España. Su papel como brazo inversor del Estado en compañías estratégicas —como Indra, Telefónica, Redeia y Enagás— nunca ha sido neutral. Sin embargo, los últimos movimientos de Sepi han levantado una polvareda: ha optado por saltarse varias recomendaciones esenciales de buen gobierno corporativo, según denuncian analistas y expertos. El hecho resulta particularmente relevante en un contexto en el que la transparencia, el control y la rendición de cuentas se consideran pilares básicos para la confianza inversora y la salud democrática.
La reciente adquisición de participaciones significativas por parte de Sepi en Telefónica —donde ya supera el 10% del capital— ha acelerado el escrutinio sobre sus prácticas. Lejos de limitarse a una gestión pasiva, la sociedad estatal ha ejercido una influencia directa en los órganos de gobierno de estas empresas, ignorando recomendaciones clave de organismos nacionales e internacionales sobre separación de poderes, presencia de independientes y límites a la concentración pública en consejos estratégicos.
La historia de Sepi es la historia del intervencionismo estatal reinventado. Desde su creación en 1995 como heredera del antiguo Instituto Nacional de Industria, Sepi ha gestionado el músculo inversor público con el mandato de maximizar tanto la rentabilidad económica como la social. Su cartera actual abarca desde Correos hasta Navantia o Tragsa, pasando por participaciones minoritarias muy influyentes en gigantes como Indra, Redeia o Enagás. El último ejercicio arroja más de 85.000 empleados bajo su paraguas.
Las reglas internas obligan a que los actos con impacto relevante sean autorizados previamente por los órganos directivos de Sepi. Sobre el papel, se persigue “la eficiencia, la transparencia y el buen gobierno”, pero la práctica parece ir por otros derroteros. La propia normativa interna prevé un férreo control estatal sobre decisiones estratégicas —desde fusiones a adquisiciones tecnológicas— lo que puede chocar frontalmente con las mejores prácticas internacionales que recomiendan independencia y profesionalización.
¿Qué recomendaciones ha ignorado Sepi?
El listado es notable:
- Falta de independencia real: En los consejos donde Sepi tiene presencia, su peso suele ser determinante. No siempre se cumple con los mínimos exigidos para consejeros independientes recomendados por CNMV y organismos europeos.
- Concentración estatal: El Estado acumula cuotas superiores al 10% en empresas cotizadas estratégicas sin mecanismos claros para evitar injerencias políticas.
- Deficiente rendición de cuentas: Los procesos para designar consejeros y fijar directrices estratégicas no siempre se someten a auditorías externas o a criterios objetivos ampliamente aceptados.
- Opacidad en la toma de decisiones: En operaciones relevantes —como la reciente escalada accionarial en Telefónica o los movimientos en Indra— la información al mercado ha sido escasa o tardía.
La paradoja es evidente: mientras que Sepi proclama un compromiso con la sostenibilidad y el buen gobierno en sus informes anuales, sus acciones se apartan de muchas recomendaciones modernas sobre gobernanza empresarial.
Consecuencias políticas y económicas
El salto de Sepi por encima del ‘manual’ tiene varias consecuencias relevantes:
- Desconfianza inversora: El intervencionismo estatal ahuyenta potenciales inversores internacionales preocupados por la falta de garantías independientes.
- Tensión con Bruselas: La Comisión Europea vigila con lupa cualquier movimiento que pueda suponer una vulneración de las reglas comunitarias sobre competencia y transparencia.
- Debate político interno: Los partidos opositores han elevado el tono denunciando lo que consideran una “colonización política” del tejido empresarial estratégico.
- Riesgo reputacional: España podría ver dañada su imagen si se percibe un uso partidista o poco profesional del accionariado público.
No faltan voces dentro del propio Gobierno que reconocen la dificultad para equilibrar el interés público con las exigencias regulatorias internacionales. En este terreno resbaladizo, los sindicatos piden mayor transparencia y los organismos supervisores reclaman refuerzos normativos para blindar la profesionalización frente a tentaciones políticas.