En España, el riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales del país. Según los últimos datos publicados por Eurostat y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES), el 25,8% de la población española—unos 12,5 millones de personas—se encuentra en esta situación, lo que sitúa a España como el tercer país con mayor tasa dentro de la Unión Europea, solo superada por Bulgaria (30,3%) y Rumanía (27,9%). Este porcentaje significa que más de uno de cada cuatro residentes en el país está afectado por la combinación de bajos ingresos, privación material o social severa y hogares con muy baja intensidad laboral.
Aunque se observa una ligera mejoría respecto a años anteriores (en 2023 la cifra era del 26,5%), España se mantiene muy por encima de la media europea, que ronda el 21%. El avance es insuficiente para alcanzar los objetivos marcados en la Agenda 2030, que fijaba un umbral del 15,5% como meta deseable para esta década.
Los matices detrás de los datos: pobreza visible y severa
La estadística no refleja únicamente ingresos bajos. El indicador AROPE (At Risk Of Poverty or Social Exclusion) abarca tres dimensiones:
- Riesgo de pobreza: el 19,7% de los españoles vive con ingresos inferiores al umbral nacional, lo que supone unos 9,6 millones de personas.
- Privación material y social severa: afecta especialmente a colectivos vulnerables.
- Baja intensidad laboral: hogares donde apenas se generan ingresos por trabajo.
Dentro del grupo afectado, destaca el aumento de la pobreza severa, que afecta ya a más de 4,1 millones de personas que sobreviven con menos de 644 euros al mes. Esta cifra marca un récord negativo dentro de la última década y revela cómo la mejora general del indicador no llega a los sectores más desfavorecidos.
Factores estructurales: vivienda y desigualdad
Uno de los elementos clave es el acceso a la vivienda. Según EAPN-ES y organizaciones sociales, el encarecimiento y falta de alternativas habitacionales está “empobreciendo a las familias” y empujando a muchas al margen del sistema. Los alquileres altos, combinados con empleos precarios o temporales, agravan la imposibilidad para salir del círculo vicioso de la exclusión social.
En paralelo, colectivos como las personas con discapacidad sufren una incidencia mucho mayor: un 32,9% se encuentra en riesgo frente al 22,1% del resto de la población. Además, el 20,2% vive en hogares con baja intensidad laboral—tres veces más que quienes no tienen discapacidad—y sufre tasas elevadas tanto de pobreza como de privación material severa.
Comparativa europea: Chequia y Eslovenia como referencia
La diferencia entre países europeos es notable:
| País | % población en riesgo (2024) |
|---|---|
| Bulgaria | 30,3% |
| Rumanía | 27,9% |
| Grecia | 26,9% |
| España | 25,8% |
| Lituania | 25,8% |
| Chequia | 11,3% |
| Eslovenia | 14,4% |
| Países Bajos | 15,4% |
| Polonia | 16% |
Mientras países del centro y norte del continente mantienen cifras mucho menores gracias a sistemas sólidos de protección social y empleo estable, España arrastra debilidades históricas en mercado laboral, políticas redistributivas y acceso a servicios públicos básicos.
Retos pendientes y respuesta política
Las organizaciones sociales alertan: pese a leves avances cuantitativos en algunos indicadores desde el final de la pandemia, las diferencias estructurales persisten. Para revertir esta tendencia hacen falta políticas ambiciosas:
- Refuerzo del estado del bienestar.
- Políticas activas para el acceso a vivienda asequible.
- Mejora sustancial del mercado laboral.
- Incremento real en prestaciones sociales dirigidas a familias vulnerables.
El objetivo europeo sigue lejos. España necesitaría reducir más de cuatro puntos porcentuales su tasa AROPE para cumplir lo pactado con Bruselas antes del final de la década. La cuestión no es solo económica sino profundamente social: detrás de cada porcentaje hay millones de historias truncadas por falta de oportunidades.