El último Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que prohíbe la publicidad de vehículos impulsados únicamente por gasolina o diésel. El Gobierno sitúa así a estos productos en la misma categoría publicitaria que el tabaco y el alcohol, argumentando su impacto negativo sobre la salud pública y el medio ambiente. La medida, inédita hasta ahora en España, busca reducir la exposición social a productos de alta huella de carbono y acelerar la transición ecológica.

¿Por qué se toma esta decisión?

El Ejecutivo sostiene que los coches de combustión generan una parte sustancial de las emisiones contaminantes urbanas y contribuyen al cambio climático. La ley prohíbe toda comunicación comercial—anuncios en prensa, televisión, internet, patrocinios deportivos o colaboraciones con creadores de contenido—referida a vehículos que funcionen exclusivamente con derivados fósiles. Quedan exentos los híbridos, eléctricos y los carburantes renovables que puedan certificar su origen sostenible.

• El objetivo declarado: «reforzar la protección de los consumidores y del medio ambiente» mediante el fomento del consumo responsable.
• El texto legal también incluye vetos a la publicidad de vuelos cortos (cuando exista alternativa ferroviaria competitiva), medidas contra la obsolescencia programada y limitaciones a prácticas publicitarias consideradas nocivas, como la llamada “publicidad del miedo”.

Un paralelismo con el tabaco y el alcohol

Al igual que ocurrió con el tabaco en 2005—cuando se prohibió su publicidad para reducir su atractivo social—el Gobierno pretende desincentivar culturalmente el uso del coche de combustión. La estrategia es clara: eliminar visibilidad para transformar hábitos sociales y favorecer opciones más limpias. Según el ministro Pablo Bustinduy, “actuar sobre la publicidad es acelerar la transición industrial para garantizar competitividad y justicia social en esta transformación”.

Contexto europeo y fiscalidad ambiental

España se adelanta así a muchos países europeos donde, aunque existen restricciones similares (como en Francia o algunas ciudades neerlandesas), aún no se ha dado un paso tan firme a nivel estatal. La Unión Europea ya ha fijado para 2035 la prohibición de venta de coches nuevos con motor térmico, pero no había actuado aún sobre su promoción comercial.

En términos fiscales, esta medida se inscribe en una tendencia más amplia hacia una fiscalidad verde, orientada a gravar productos contaminantes e incentivar alternativas sostenibles:

• La política fiscal ligada al automóvil ya penaliza más a los motores diésel y gasolina mediante impuestos especiales sobre carburantes.
• El veto publicitario refuerza este marco restrictivo, complementando las Zonas de Bajas Emisiones obligatorias en más de 150 ciudades españolas antes de fin de año, donde los vehículos sin etiqueta ambiental ya tienen limitado el acceso.
• La ley prevé sanciones económicas importantes—multas superiores a 100.000 euros para infracciones graves—que buscan asegurar su cumplimiento efectivo.

Impacto para consumidores, sector del motor y anunciantes

La prohibición afecta directamente a más de 1.200 modelos y versiones actualmente disponibles en el mercado nacional. Para el consumidor, supone un cambio radical en la manera en que se presentan las opciones de movilidad:

• Las campañas tradicionales desaparecen, por lo que la información sobre coches térmicos quedará restringida a canales no comerciales.
• El sector publicitario pierde uno de sus grandes anunciantes históricos, lo que obligará a reorientar estrategias hacia vehículos electrificados o servicios asociados a la nueva movilidad.
• Las marcas tendrán que replantear sus campañas y adaptarse al nuevo escenario normativo si quieren mantener visibilidad.

Próximos pasos legislativos

La ley inicia ahora su tramitación parlamentaria. Si se mantiene el calendario previsto por Moncloa, entraría en vigor en algún momento de 2026 tras un periodo transitorio. España afianza así su posición como referente europeo en políticas públicas destinadas a modificar hábitos sociales y proteger tanto al consumidor como al entorno.

En resumen:

• España blinda su compromiso climático equiparando los riesgos sociales del coche térmico a los del tabaco o el alcohol.
• Se fortalece la fiscalidad verde como herramienta central del cambio.
• El sector automovilístico encara una transformación obligada, tanto en producto como en mensaje.

La transición hacia una movilidad libre de emisiones gana fuerza institucional—y ahora también cultural—a través del control estricto sobre qué puede anunciarse y cómo. Una decisión que marca un antes y un después para consumidores, industria y sociedad.