La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha lanzado un mensaje claro al Gobierno de Pedro Sánchez: España no dispone todavía de una estrategia nacional integral contra la corrupción. Así lo revela el último informe ‘Government at a Glance 2025’, publicado esta semana, en el que se analiza la integridad pública y los avances en materia de lucha anticorrupción entre los países más desarrollados.

Mientras otros 20 Estados miembros sí han implementado ya marcos estratégicos integrales con objetivos claros y medidas prácticas, España aparece entre los países rezagados junto a Canadá, Irlanda, Islandia y Noruega. La OCDE subraya que desde 2017 viene recomendando a sus miembros la creación de estos planes estratégicos para mitigar riesgos y reforzar la integridad pública. Ocho años después, España sigue sin cumplir este mandato internacional.

La OCDE insiste en que la corrupción no solo socava la confianza ciudadana, sino que “agrava las desigualdades y debilita el crecimiento”. Según el propio informe: obstaculiza la inversión y la competencia, dificulta el espíritu empresarial, perjudica factores clave para la productividad como la innovación o el uso de nuevas tecnologías y afecta negativamente tanto al entorno del mercado como a las decisiones de inversión pública y privada.

¿Qué ha hecho España hasta ahora?

En marzo de 2023, el Ejecutivo aprobó una ley para proteger a quienes denuncian infracciones normativas y luchar contra la corrupción. La norma establecía un plazo máximo de 18 meses —que venció en septiembre de 2024— para que se aprobara una estrategia nacional anticorrupción. Sin embargo, ese compromiso sigue sin materializarse. El propio Consejo General del Poder Judicial y la Comisión Europea han alertado en informes recientes sobre este incumplimiento: “La actividad correspondiente aún no se ha puesto en marcha”, señala Bruselas, mientras organizaciones de la sociedad civil denuncian la falta de consulta pública efectiva.

El objetivo del plan exigido es ambicioso: crear un sistema nacional de lucha contra el fraude con reformas legislativas y administrativas, mejorar coordinación y transparencia, e impulsar políticas de integridad pública que prioricen el interés general sobre los intereses privados.

Presión internacional creciente

El informe de la OCDE no es una crítica aislada. Tanto Bruselas como organismos como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa han señalado reiteradamente el retraso español. El Greco evaluará expresamente este asunto en su ronda de análisis iniciada en 2025.

El contraste con otros países es llamativo: según los datos recogidos por la OCDE, un 63% de los miembros ya tiene estrategias integrales funcionando. Estos marcos permiten identificar retos específicos, establecer prioridades y definir acciones concretas frente a las diversas formas que adopta la corrupción.

Contexto político y debate público

El informe llega en un momento especialmente tenso para el Gobierno de Pedro Sánchez, rodeado por investigaciones judiciales, acusaciones cruzadas entre partidos y casos mediáticos que afectan tanto al PSOE como a otras formaciones políticas. Mientras desde el Ejecutivo se defienden avances legislativos y se denuncia una “campaña difamatoria” desde la oposición, las cifras muestran pocos cambios reales: solo tres condenas firmes por cohecho internacional en más de dos décadas desde que España ratificó el Convenio Anticorrupción de la OCDE.

En paralelo, voces como las del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusan al Gobierno de “corrupción generalizada” e insisten en reclamar responsabilidades políticas ante los últimos escándalos judiciales.

¿Qué piden exactamente OCDE y UE?

• Un plan integral con objetivos claros, reformas legales y administrativas.
• Mejor coordinación entre administraciones estatales y autonómicas.
• Mayor transparencia en procedimientos públicos.
• Políticas activas para proteger denunciantes e incentivar buenas prácticas.
• Consultas abiertas con sociedad civil para diseñar e implementar las medidas.

El reto pendiente

En resumen, España afronta una presión internacional inédita para equipararse a sus socios en materia anticorrupción. La falta de una estrategia nacional integral supone no solo un incumplimiento técnico ante organismos como la OCDE o Bruselas, sino también una oportunidad perdida para reforzar instituciones públicas y recuperar la confianza ciudadana.

Mientras tanto, el debate político se intensifica pero las soluciones estructurales siguen pendientes. El próximo año será clave para comprobar si finalmente se concreta un plan estratégico o si España continúa figurando entre los países menos ambiciosos frente al desafío global que representa la corrupción.