El clima financiero en Madrid se ha tornado especialmente tenso tras el anuncio de que los grandes fondos internacionales accionistas de BBVA —entre ellos BlackRock, Capital Research, Norges Bank y Goldman Sachs— amenazan con llevar al Gobierno español a los tribunales si no se respeta la seguridad jurídica y la libertad de empresa en el proceso de OPA hostil lanzado por BBVA sobre Banco Sabadell.
Este movimiento se produce después de que Moncloa decidiera elevar la operación al Consejo de Ministros, abriendo así una fase decisiva que podría imponer nuevas condiciones o incluso bloquear la fusión. Los fondos consideran que la prolongada demora y la injerencia política minan gravemente la confianza internacional en el mercado español, además de sentar un peligroso precedente para futuras inversiones.
Un proceso atascado y bajo presión política
La OPA, lanzada hace más de un año, ha atravesado un tortuoso recorrido burocrático. Aunque el visto bueno técnico de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llegó finalmente a finales de abril, los expertos dentro y fuera del sector no entienden que una operación de esta magnitud haya quedado encallada durante tanto tiempo por motivos políticos. Según fuentes próximas a las negociaciones, los técnicos de Competencia recomendaron desde noviembre pasado autorizar la compra, tomando como referencia operaciones similares como la absorción de Bankia por parte de CaixaBank.
El reciente paso dado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al elevar el expediente al Consejo de Ministros abre la puerta a una intervención política directa. El Ejecutivo puede ahora endurecer las condiciones impuestas a BBVA —que ya incluyen compromisos concretos como el mantenimiento del crédito a pymes clientes del Sabadell— o incluso modificar sustancialmente los términos para permitir que siga adelante.
Riesgos legales y reacción internacional
Los grandes fondos institucionales han dejado claro que no dudarán en emprender acciones legales si consideran que el Gobierno toma decisiones arbitrarias o contrarias al marco normativo europeo. Este tipo de inversores está acostumbrado a reclamar ante tribunales internacionales cuando detecta vulneraciones en la libertad económica o inseguridad jurídica. La situación recuerda casos recientes en otros países europeos, como Italia, donde el Gobierno intervino en una OPA bancaria y acabó enfrentándose a demandas judiciales por parte de las entidades afectadas.
En Bruselas, este tipo de maniobras también genera inquietud. El riesgo es doble: sanciones por vulnerar principios comunitarios y un deterioro en la percepción internacional del entorno regulatorio español, lo que podría traducirse en menor apetito inversor a medio plazo.
El papel clave de los accionistas institucionales
El desenlace final depende en gran medida del voto y posicionamiento de los grandes fondos presentes tanto en BBVA como en Sabadell. BlackRock, por ejemplo, controla aproximadamente un 6,8% del capital en ambas entidades, mientras que otros actores como Capital Research y bancos suizos (como Zurich Insurance Group) también tienen participaciones significativas. Estos inversores buscan maximizar el valor para sus partícipes y exigen certidumbre regulatoria antes de respaldar cualquier operación.
Al mismo tiempo, el Gobierno español está sometido a presiones internas desde partidos como Sumar y desde sindicatos que advierten del riesgo para el empleo bancario y para el tejido empresarial local si se consuma la integración. Entre las exigencias sociales figuran limitar despidos o reforzar las obligaciones sobre inclusión financiera.
Expectativa ante las próximas decisiones
El calendario es clave: el Consejo de Ministros tiene hasta finales de junio para pronunciarse. De seguir adelante, será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) quien deberá autorizar el folleto definitivo para abrir el periodo formal de aceptación entre los accionistas del Sabadell. La posible mejora de la oferta por parte del BBVA sigue siendo objeto de especulación entre analistas e inversores.
En definitiva, el pulso entre los grandes fondos internacionales y el Gobierno español pone sobre la mesa cuestiones fundamentales: ¿puede España permitirse poner trabas a operaciones corporativas respaldadas por capital global? ¿Hasta qué punto es legítima una intervención política cuando están en juego principios clave como la libre competencia o la seguridad jurídica? El desenlace marcará no solo el futuro inmediato del sector bancario español sino también su atractivo ante los grandes inversores internacionales.