El ambicioso plan de vivienda asequible anunciado por el presidente Pedro Sánchez a principios de 2025 se desmorona apenas cuatro meses después de su presentación. Lo que se promocionó como una batería de 12 medidas «contundentes y muchas de ellas sin precedentes» para resolver la crisis habitacional en España ha quedado prácticamente en papel mojado ante la imposibilidad de cumplir los plazos y objetivos establecidos.
Un plan demasiado ambicioso
En enero de este año, durante el foro ‘Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar’ celebrado en el Museo del Ferrocarril de Madrid, el presidente del Gobierno presentó con gran pompa un paquete de medidas centradas en tres ejes fundamentales: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas. Entre las propuestas más destacadas figuraba la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la nueva Empresa Pública de Vivienda, así como la incorporación de 13.000 viviendas de la SAREB de forma inmediata durante el primer semestre de 2025, y otras 17.000 más progresivamente.
Sin embargo, la realidad urbanística ha terminado por imponerse. «No puedes construir 1.000 viviendas en seis meses. El urbanismo es muy complejo. Al menos lleva dos años construir un bloque mientras consigues todos los permisos», señalan fuentes del sector inmobiliario. Esta realidad choca frontalmente con las promesas gubernamentales de soluciones rápidas y efectivas.
Medidas que no despegan
Entre las propuestas más llamativas del plan se encontraban:
- La creación de un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos que participaran en el alquiler asequible
- Un programa de rehabilitación de viviendas vacías destinadas al alquiler asequible
- La exención fiscal del 100% del IRPF para propietarios que alquilaran según el Índice de Precios de Referencia
- La limitación a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios no residentes
- El lanzamiento de un PERTE para la innovación y modernización de la construcción industrializada
Este último punto, el PERTE de construcción industrializada, había sido reforzado en abril con el anuncio de una inversión de 1.300 millones de euros. El objetivo era construir 15.000 casas de media al año mediante sistemas industrializados en fábricas y llegar a las 20.000 en un decenio. Sin embargo, estas cifras parecen ahora inalcanzables.
El naufragio de las expectativas
La transferencia de las viviendas de la SAREB, conocida como el «banco malo», ha sido especialmente problemática. De las 13.000 viviendas prometidas para el primer semestre de 2025, apenas se ha materializado la entrega de un pequeño porcentaje, y las previsiones para las 17.000 restantes son aún más pesimistas.
El blindaje de la vivienda protegida del Estado, garantizando por ley que toda la vivienda construida por el Estado mantuviera indefinidamente su titularidad pública, tampoco ha avanzado en su tramitación legislativa como se esperaba.
Reacciones encontradas
El presidente Sánchez había defendido en marzo que «todas las administraciones ostentan competencias sobre vivienda», por lo que «a todas les toca arrimar el hombro para que acceder a una vivienda digna sea un derecho, y no un privilegio al alcance de unos pocos». Sin embargo, la falta de coordinación entre administraciones ha sido uno de los principales escollos para la implementación del plan.
Mientras tanto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda previsto para 2026, que según el Gobierno prestaría «una especial atención a las personas mayores, a los jóvenes, colectivos vulnerables y a las personas con discapacidad», se mantiene en fase de diseño sin avances significativos.
Un problema estructural sin solución a corto plazo
La crisis de la vivienda en España continúa agravándose mientras las soluciones prometidas se diluyen. Los precios tanto de compra como de alquiler siguen en ascenso en las principales ciudades, y el acceso a la vivienda se mantiene como una de las principales preocupaciones de los españoles, especialmente entre los jóvenes.
El Gobierno había multiplicado por ocho el presupuesto en políticas de vivienda, con avales para compra y bonos alquiler para jóvenes, y había impulsado la colaboración público-privada con 4.000 millones de euros en avales ICO para la construcción de nueva vivienda. Sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para contrarrestar la inercia de un mercado inmobiliario tensionado y con escasa oferta.
La reforma fiscal que equipararía la tributación de los pisos turísticos a la de otras actividades económicas, otra de las medidas estrella, tampoco ha conseguido frenar la proliferación de viviendas de uso turístico en detrimento del alquiler residencial.
Perspectivas inciertas
A mediados de mayo de 2025, el balance del ambicioso plan de vivienda del Gobierno es desalentador. Las expectativas generadas en enero han dado paso a la frustración ante la lentitud de los avances y la complejidad de implementar medidas que requieren cambios legislativos, coordinación interadministrativa y recursos que no siempre están disponibles.
El objetivo declarado por el presidente Sánchez de convertir la vivienda en «el quinto pilar del Estado del bienestar» parece ahora más lejano que nunca, mientras millones de españoles siguen enfrentándose a dificultades crecientes para acceder a una vivienda digna y asequible.
La pregunta que queda en el aire es si el Gobierno será capaz de reconducir la situación o si, por el contrario, el plan de vivienda asequible quedará como otro ejemplo más de promesas políticas que no llegan a materializarse en soluciones reales para los ciudadanos.