El Gobierno de Pedro Sánchez, en una jugada poco habitual, ha abierto una consulta pública para que ciudadanos, empresas y asociaciones se pronuncien sobre la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell. El propio presidente sorprendió a todos el día de ayer anunciando la activación de la herramienta.
El Gobierno ha puesto en marcha esta consulta justo después del visto bueno otorgado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque con condiciones. Ahora, la pelota está en el tejado del Ejecutivo, que dispone de 15 días para decidir si eleva el asunto al Consejo de Ministros y estudia imponer requisitos adicionales atendiendo al “interés general”.
Hoy se ha conocido la pregunta redactada por el Ministerio de Economía y es, cuando menos, enrevesada al solicitar la opinión de los españoles sobre si existen criterios de interés general que vayan más allá del control de la competencia en esta operación.
Esta fórmula no es frecuente y responde -según el Ejecutivo- a la trascendencia del movimiento corporativo. Sin embargo, muchos expertos consideran que esta posición sobre la OPA al Sabadell tiene un componente político y nada tiene que ver con cómo afecta a los accionistas o a los balances ni al impacto que puede tener en ámbitos como la estabilidad financiera, la red bancaria en zonas rurales, o incluso cuestiones vinculadas a la seguridad nacional.
¿Qué pregunta exactamente el Gobierno?
La consulta, disponible hasta el 16 de mayo, plantea: “¿Considera que existen criterios de interés general distintos de la defensa de la competencia que pueden verse afectados por la operación BBVA/Banco Sabadell?”. El formulario detalla varias opciones para que los participantes concreten sus preocupaciones:
- Defensa y seguridad nacional
- Protección de la seguridad o salud públicas
- Libre circulación de bienes y servicios dentro del territorio nacional
- Protección del medio ambiente
- Promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos
- Garantía del mantenimiento adecuado de los objetivos regulatorios del sector
- Otros (con espacio para detallar)
Además, solicita cuantificar el impacto estimado y proponer medidas para proteger esos intereses generales.
¿Por qué importa tanto el “interés general”?
El artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia permite al Gobierno intervenir en operaciones empresariales relevantes si están en juego factores ajenos a la pura competencia. Esto incluye desde riesgos para infraestructuras estratégicas hasta el mantenimiento de servicios bancarios en zonas despobladas. En una economía tan bancarizada como la española, donde grandes entidades gestionan buena parte del ahorro familiar y empresarial, las implicaciones sociales y territoriales pueden ser notables.
En este contexto, surgen preguntas clave:
- ¿Puede peligrar el acceso a servicios financieros en zonas rurales tras una fusión?
- ¿Supone un riesgo para infraestructuras críticas?
- ¿Podría afectar negativamente a la innovación o al apoyo financiero a sectores estratégicos?
La respuesta social y empresarial
Tanto BBVA como Sabadell han defendido públicamente las bondades de la operación. Argumentan que permitirá crear un banco más grande y competitivo, capaz de impulsar inversiones y facilitar mejores condiciones para empresas y particulares. Sin embargo, representantes políticos y sociales han mostrado su preocupación por posibles cierres de oficinas o pérdida de empleo.
Próximos pasos
La consulta pública finaliza el 16 de mayo. A partir de ahí:
- El Ministerio analizará las aportaciones recibidas.
- Si detecta riesgos relevantes para el interés general más allá de la competencia, podrá imponer condiciones adicionales o incluso vetar ciertos aspectos.
- La decisión definitiva podría marcar un precedente sobre cómo se abordan futuras grandes operaciones corporativas en España.