La mañana del 5 de mayo ha traído una sorpresa inesperada para el sector financiero español. Pedro Sánchez ha anunciado la apertura de una “consulta pública” sobre la aprobación de la polémica opa hostil del BBVA al Sabadell.

El anuncio, realizado en el marco de la 40 Reunió Cercle d’Economia en Barcelona, supone un giro inédito en la gestión de grandes operaciones corporativas. Por primera vez, el Gobierno invita a organizaciones, ciudadanos y asociaciones a pronunciarse sobre el futuro de dos de los bancos más relevantes del país aunque es llamativo el momento del anuncio. Y no solo por el gran apagón del pasado lunes y el caos ferroviario de este domingo que se ha extendido al día de hoy.

La consulta llega justo después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera luz verde a la operación, aunque con condiciones para evitar riesgos de concentración excesiva. Ahora, el Ejecutivo dispone de 15 días para decidir si eleva el asunto al Consejo de Ministros y, eventualmente, endurece los requisitos en base al interés general.

Una OPA polémica

La opa hostil lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell ha generado un fuerte rechazo entre patronales, sindicatos y buena parte del tejido empresarial catalán. Desde que se anunció hace más de un año, las asociaciones han alertado sobre las consecuencias que tendría la desaparición del Sabadell como entidad independiente.

Entre los temores destacan la pérdida de empleo en territorios donde el Sabadell tiene fuerte implantación, la reducción de la competencia bancaria, el riesgo para las pymes, especialmente catalanas y valencianas, clientes históricas del Sabadell y el impacto territorial y político en un contexto donde los apoyos parlamentarios catalanes de Junts y ERC resultan decisivos para la legislatura.

Este último punto habría llevado al propio Gobierno a mostrar reticencias por motivos de “cohesión territorial”, mientras que partidos catalanes presionan para frenar la operación. Sin embargo, Sánchez ha optado de manera sorpresiva por abrir el proceso a un debate social más amplio antes de tomar una decisión final.

¿Por qué una consulta pública ahora?

Esta consulta pública no tiene precedentes en anteriores fusiones bancarias en España. En otras operaciones similares —como las absorciones entre CaixaBank y Bankia, o Santander y Popular— nunca se consultó a clientes ni a afectados fuera del circuito estrictamente regulatorio.

Por lo tanto, más que una voluntad política la decisión parece responder a la presión política creciente que sufre el líder del PSOE por parte de sus socios independentistas, en especial por parte del prófugo de la justicia, Carles Puigdemont.

El líder del Ejecutivo  apunta a que esta operación tendrá un gran impacto por lo que la consulta busca “que nuestras empresas crezcan en volumen y competitividad, pero siempre beneficiando al interés común”. La consulta servirá, según Moncloa, para tomar una decisión “con todas las garantías”.

Reacciones inmediatas: entre sorpresa e incertidumbre

La reacción en el sector financiero ha sido inmediata. Los presidentes del BBVA, Carlos Torres, y del Banc Sabadell, Josep Oliu, escucharon con atención —y cierta sorpresa— el anuncio desde la primera fila del auditorio. Mientras el BBVA celebra los avances regulatorios, desde el Sabadell critican abiertamente tanto la metodología empleada por Competencia como las consecuencias para sus clientes empresariales.

Las patronales han visto con buenos ojos poder expresar su opinión formalmente; hasta ahora su voz había quedado relegada en los procesos técnicos previos. Los sindicatos insisten en que cualquier fusión debe garantizar el mantenimiento del empleo.

Por su parte, los analistas interpretan este movimiento como un intento del Gobierno por ganar tiempo político y recabar apoyos antes de asumir costes reputacionales o políticos asociados a su decisión final.

Implicaciones económicas y políticas

Esta operación es mucho más que una simple absorción bancaria. Se trata de:

• Una fusión que puede alterar profundamente el mapa financiero español.
• Un test para comprobar hasta qué punto el Gobierno puede —o quiere— influir en grandes operaciones privadas cuando está en juego el “interés general”.
• Un termómetro político sobre la capacidad del Ejecutivo para equilibrar intereses económicos globales con demandas sociales y territoriales.

Lo que ocurra en las próximas semanas, en especial si hay una intervención del Estado, marcará un precedente relevante sobre cómo se gestionan las grandes fusiones bancarias en España en un contexto social y político tan fragmentado como el actual.

Claves para entender lo que está en juego

• El resultado de la consulta pública no será jurídicamente vinculante, pero sí influirá en la decisión política final.
• El Gobierno debe decidir si endurece las condiciones impuestas por Competencia o incluso veta la operación si aprecia riesgos graves para el interés común.
• El proceso abrirá un debate social inédito sobre modelos bancarios, concentración financiera y protección territorial.

La sociedad española asiste así a un capítulo clave para su sistema bancario: nunca antes una opa hostil había desencadenado semejante ejercicio colectivo de reflexión y posicionamiento público.