La ocupación ilegal de viviendas es una preocupación creciente en España.

Desalojar a un okupa por la vía legal en España puede ser un proceso costoso y prolongado. Los propietarios deben estar preparados para asumir honorarios legales significativos, costes adicionales y posibles pérdidas de ingresos durante el tiempo que dure el proceso judicial. La situación actual ha llevado a algunos sectores a exigir reformas legales que agilicen los desalojos y protejan mejor a los propietarios, aunque los datos indican que la incidencia de la ocupación ilegal es relativamente baja.​

Los propietarios afectados por esta situación se enfrentan a procesos legales costosos y prolongados para recuperar sus inmuebles. Según datos recientes, los honorarios legales para desalojar a un okupa oscilan entre 600 y 1.600 euros, dependiendo de la complejidad del caso y de la duración del proceso judicial. ​

Además de los honorarios legales, los propietarios deben considerar otros gastos asociados al desalojo. Estos pueden incluir costes de reparación por daños causados durante la ocupación, facturas impagadas de servicios básicos como agua y electricidad, y posibles pérdidas de ingresos si la propiedad estaba destinada al alquiler. Estos gastos adicionales pueden aumentar significativamente el coste total del proceso de desalojo.​

El tiempo que lleva desalojar a un okupa por la vía legal también es un factor crítico. Los procedimientos judiciales pueden prolongarse durante meses o incluso años, dependiendo de la carga de trabajo de los tribunales y de la complejidad del caso. Durante este tiempo, el propietario no puede disponer de su propiedad y sigue asumiendo los costes asociados.​

La situación se complica aún más cuando los okupas tienen hijos o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, lo que puede alargar el proceso judicial y aumentar los costes. En algunos casos, los propietarios han tenido que enfrentarse a situaciones extremas, como el embargo de una parte de su pensión debido a deudas acumuladas en facturas de servicios básicos de la vivienda ocupada. ​

Ante esta problemática, algunas organizaciones y partidos políticos han comenzado a exigir reformas legales que protejan mejor a los propietarios y agilicen los procesos de desalojo. Por ejemplo, el Partido Popular de Ibiza ha instado a decir «basta ya» a la ocupación ilegal y ha solicitado al gobierno central la derogación de la Ley estatal de Vivienda, argumentando que fomenta la ocupación ilegal. ​

Sin embargo, desde el Ministerio del Interior, señalan que son muy pocas las viviendas en España que se ven afectadas por allanamiento o usurpación. Además, desvelan que el 7% de las denuncias corresponden a ocupaciones ilegales de viviendas habitadas, por lo que consideran que la ocupación ilegal es un problema real con una incidencia menor