España ha registrado un notable retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, cayendo diez puestos en el ranking global y situándose en el puesto 46, por detrás de países como Ruanda. Esta caída refleja un aumento de la percepción de corrupción en el país, agravada por recientes escándalos que han salpicado tanto al ámbito político como institucional.
El informe deja muy mal parado al Gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra cercado por los escándalos que salpican a su Gobierno, su partido y su círculo íntimo. Todavía más cuando hace siete años ascendió al poder a través de una moción de censura y con la promesa de acabar con los malos manejos en el ámbito público.
Los casos que marcan la agenda
Entre los casos más destacados se encuentra el caso Koldo, que involucra a Koldo García Izaguirre, exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos. Esta trama gira en torno a presuntos cobros ilegales relacionados con contratos públicos para la compra de mascarillas durante la pandemia. Según las investigaciones, Koldo habría actuado como intermediario para facilitar adjudicaciones a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama, recibiendo comisiones que le permitieron cuadruplicar sus ingresos y adquirir inmuebles por valor de 1,5 millones de euros.
Otro caso relevante es el procedimiento abierto contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar información confidencial sobre personas vinculadas a figuras políticas. Este caso ha generado una gran polémica al implicar a una figura clave del sistema judicial español.
La combinación de estos escándalos y otros como el menos mediático caso Hidrocarburos, relacionado con fraudes fiscales multimillonarios, ha contribuido al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones. Transparencia Internacional señala que España ha obtenido su peor puntuación desde que se publica este índice, lo que refleja una creciente preocupación por la falta de integridad en la gestión pública.
La caída en el Índice de la Corrupción no solo afecta la imagen internacional de España, sino que también tiene implicaciones internas. La percepción de corrupción puede desincentivar la inversión extranjera y aumentar el descontento social. Además, los partidos políticos han utilizado estos casos como arma arrojadiza en un contexto político ya polarizado.
Desde el Gobierno se han anunciado medidas para combatir este problema, como mayores controles en las contrataciones públicas y reformas legales para endurecer las penas por corrupción. Sin embargo, expertos advierten que estas iniciativas deben ir acompañadas de una mayor transparencia y rendición de cuentas para ser efectivas