La operadora saudí STC ha consolidado su posición en Telefónica al convertir en acciones directas el 5% que anteriormente controlaba mediante derivados financieros. Con esta operación, su participación efectiva en la empresa española asciende al 9,97%, lo que le otorga el derecho a solicitar un puesto en el consejo de administración.
Esta maniobra se produce tras la autorización del Gobierno español en noviembre de 2024, necesaria debido a que Telefónica es considerada una empresa estratégica con vínculos en la defensa nacional. STC, controlada en un 62% por el fondo soberano de Arabia Saudí (Public Investment Fund, PIF), había irrumpido en el accionariado de la empresa en septiembre de 2023 con una inversión de 2.100 millones de euros, adquiriendo inicialmente un 4,97% del capital.
Con la conversión del 5% adicional, STC se convierte en el tercer mayor accionista de la compañía, solo por detrás del Gobierno español, que posee un 10% a través de la SEPI, y CriteriaCaixa, con un 9,99%. Esta posición le permite solicitar un asiento en el consejo de administración de la compañía española.
La posibilidad de que STC solicite un puesto en el consejo de administración podría influir en la estrategia futura de Telefónica, especialmente en mercados donde ambas empresas tienen presencia.
La entrada del operador saudí en Telefónica ha generado debates sobre una posible oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 100% de la compañía. La suma de las participaciones de STC, SEPI y CriteriaCaixa alcanza el 29,96%, lo que ha llevado al Instituto de Consejeros Administradores a solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que investigue si existe una acción concertada para obtener el control de la empresa.
Cabe destacar que el recién nombrado presidente de Telefónica, Marc Murtra, viajó hace poco a Riad para reunirse con los directivos de STC y conocer de primera mano sus planes respecto a la operadora española. Este encuentro forma parte de la agenda internacional de Murtra tras asumir la presidencia el pasado mes, sucediendo a José María Álvarez-Pallete.
Ahora, la CNMV y otras autoridades regulatorias deberán evaluar si las recientes adquisiciones y movimientos accionariales cumplen con la normativa vigente y si es necesario implementar medidas adicionales para proteger los intereses nacionales.