Hoy conversamos con Bárbara Puglisi, destacada abogada especializada en migración y derechos humanos, quien ha dedicado su carrera a defender los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Con una amplia experiencia en la gestión de procesos de asilo y en el diseño de políticas inclusivas, Bárbara comparte su visión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta España en materia de migración, especialmente ante el incremento de solicitudes de protección internacional. En esta entrevista, abordamos temas clave como la política de asilo, la integración de los migrantes en la sociedad española y las estrategias para garantizar una gestión migratoria respetuosa de los derechos humanos.

¿Cómo evalúa la política de asilo de España frente al aumento de solicitudes de refugiados?

Desde mi experiencia, veo que la política de asilo en España ha dado pasos importantes en los últimos años, especialmente en términos de normativa y en la creación de mecanismos para atender a quienes buscan protección internacional. Sin embargo, también es evidente que el sistema enfrenta importantes desafíos. Uno de los más grandes es la saturación de los sistemas de acogida y la lentitud en la resolución de solicitudes, que afecta tanto a los solicitantes como a la capacidad del país para gestionar de manera eficiente este aumento.

Por ejemplo, en 2023 España registró un incremento del 28 % en las solicitudes de asilo en comparación con años anteriores, según datos del Ministerio del Interior. Este crecimiento ha puesto a prueba la infraestructura de acogida, sobre todo en comunidades autónomas que reciben un volumen alto de solicitantes. Lamentablemente, esto genera retrasos que, en muchos casos, superan los 12 meses para obtener una respuesta definitiva, dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre que afecta su bienestar y su integración en la sociedad.

Creo que una de las prioridades debería ser reforzar los recursos humanos y económicos asignados al sistema de asilo. Es indispensable aumentar el número de funcionarios especializados en resolver expedientes y garantizar que los centros de acogida estén adecuadamente equipados para atender a las personas más vulnerables, como mujeres, niños y víctimas de violencia.

Además, sería beneficioso fomentar la cooperación con otros países europeos y con organizaciones internacionales como ACNUR, que pueden proporcionar apoyo técnico y financiero. También considero que es urgente trabajar en políticas que faciliten la integración de quienes ya han recibido protección, incluyendo acceso a vivienda, empleo y educación, para que puedan empezar a reconstruir sus vidas con mayor rapidez.

En definitiva, aunque se han logrado avances, el sistema necesita una reforma integral que le permita responder de manera más ágil, justa y eficiente al aumento de solicitudes de refugiados. Con los recursos adecuados y un enfoque centrado en los derechos humanos, España puede liderar un modelo más inclusivo y sostenible de gestión del asilo en Europa.

¿Qué impacto está teniendo la llegada de migrantes a las Islas Canarias o el Mediterráneo en la gestión migratoria de España?

La llegada masiva de migrantes a puntos como las Islas Canarias o el Mediterráneo ha tenido un impacto significativo en la gestión migratoria de España, mostrando claramente las limitaciones del sistema actual y la falta de una respuesta coordinada. Estas llegadas no solo sobrecargan las infraestructuras locales, sino que también generan situaciones de emergencia humanitaria que son difíciles de manejar con los recursos actuales. La presión constante en estos puntos de entrada ha puesto en evidencia la necesidad de contar con un enfoque más estructurado y preventivo para la gestión migratoria.

La situación ha dejado en claro que no se puede seguir enfrentando este desafío de manera aislada o únicamente desde un nivel local. Los gobiernos locales y regionales se ven desbordados, y la falta de una planificación adecuada para la recepción y atención de estas personas termina afectando gravemente a los migrantes, que llegan en condiciones extremas, sin acceso a servicios básicos como la salud, la alimentación o el alojamiento. A esto se suma la falta de coordinación entre las administraciones locales, estatales y europeas, lo que genera inconsistencias en la respuesta a corto y largo plazo.

Por otro lado, el impacto en las Islas Canarias y el Mediterráneo también pone de manifiesto la urgente necesidad de redistribuir responsabilidades no solo a nivel estatal, sino también a nivel europeo. España no puede ser el único país que asuma la presión migratoria, especialmente cuando estos puntos de entrada están interconectados con otras fronteras marítimas que afectan a varios Estados miembros de la Unión Europea. Esta sobrecarga constante en las Islas Canarias o el Mediterráneo demuestra la importancia de contar con mecanismos de solidaridad más claros y efectivos, que distribuyan de manera equitativa las llegadas y los recursos entre todos los países de la UE.

Por tanto, creo que es crucial avanzar hacia una gestión migratoria que combine una respuesta inmediata con una estrategia preventiva y a largo plazo. Esto implica no solo aumentar la cooperación internacional, sino también establecer canales seguros y legales para los desplazamientos, como corredores humanitarios o acuerdos de reubicación, que permitan una llegada ordenada y respetuosa con los derechos humanos. Sin estas acciones coordinadas, la presión en los puntos de entrada seguirá desbordando los sistemas locales, con consecuencias negativas tanto para los migrantes como para las comunidades que los reciben.

¿Qué opina sobre la propuesta de regularizar a los inmigrantes en situación irregular que contribuyen a sectores esenciales?

Estoy totalmente a favor de esta propuesta. Regularizar a las personas inmigrantes en situación irregular que trabajan en sectores esenciales, como la agricultura, la construcción o los cuidados, no solo es un acto de justicia, sino también una estrategia económica inteligente y necesaria. Estos trabajadores desempeñan roles cruciales para el funcionamiento diario de muchos sectores productivos en España, y su contribución es innegable. Al estar regularizados, no solo tendrían acceso a mejores condiciones laborales, sino que también podrían aportar de manera más significativa al sistema económico, como el pago de impuestos y la seguridad social, lo que ayudaría a fortalecer las finanzas públicas.

Además, regularizar a estas personas sería una medida que permitiría acabar con la explotación laboral que muchas veces enfrentan. En muchos casos, los empleadores se aprovechan de su situación de irregularidad para pagar salarios bajos y evitar el cumplimiento de normas básicas de seguridad y bienestar laboral. Al estar formalizados, estos trabajadores tendrían el derecho a salarios justos, horas de trabajo reguladas y acceso a servicios esenciales, lo que les garantizaría una mejor calidad de vida.

Por otro lado, la regularización también tendría un impacto positivo en la economía nacional. Al contar con trabajadores formales, las empresas podrían acceder a un mercado laboral más estable y garantizar la productividad sin la necesidad de depender de la economía sumergida. Esto no solo reduciría la competencia desleal, sino que también permitiría una mayor generación de riqueza que se redistribuiría de manera más equitativa en la sociedad.

Esta regularización tendría beneficios duraderos tanto para los inmigrantes como para la sociedad en su conjunto. Al formalizar su estatus, los inmigrantes tendrían más posibilidades de acceder a servicios públicos como la salud y la educación, lo que generaría un impacto positivo en sus familias y comunidades. Además, contribuirían al desarrollo económico del país al fortalecer los sectores donde hoy están trabajando de manera informal.

Regularizar a los inmigrantes que ya están contribuyendo de forma significativa en sectores esenciales no solo es una respuesta ética a su situación, sino que es un paso inteligente y necesario para el desarrollo económico, la estabilidad laboral y la integración social en España

¿España está recibiendo suficiente apoyo de la Unión Europea para gestionar la inmigración?

Desde mi perspectiva, España no está recibiendo el apoyo que realmente necesita por parte de la Unión Europea para gestionar la inmigración de manera efectiva. Aunque se han implementado algunos fondos y mecanismos de cooperación, considero que estos recursos no son proporcionales a la magnitud de la presión migratoria que enfrentamos, especialmente en regiones como las Islas Canarias, Ceuta, Melilla y el Mediterráneo.

Por ejemplo, en 2023, España registró un aumento significativo en la llegada de migrantes a través de rutas marítimas, especialmente hacia las Islas Canarias, que se han convertido en un punto crítico. Sin embargo, el apoyo financiero y logístico proporcionado por la UE no ha sido suficiente para responder a las necesidades inmediatas, como el refuerzo de los sistemas de acogida, la mejora de las infraestructuras o la implementación de programas de integración.

Además, hay un desequilibrio evidente en el reparto de responsabilidades entre los países miembros. España, al igual que Italia y Grecia, sigue siendo una de las principales puertas de entrada a Europa, pero la carga no se comparte equitativamente. Los países del norte y del este de Europa, en muchos casos, han mostrado reticencias para asumir cuotas de refugiados o colaborar en los procesos de reubicación. Esto genera una sensación de aislamiento y sobrecarga en los países fronterizos, que son los que asumen el mayor impacto de la gestión migratoria.

Creo que la solución pasa por una revisión profunda de los actuales esquemas de solidaridad europea. La UE debe establecer mecanismos más eficientes y obligatorios para redistribuir a las personas migrantes entre los Estados miembros. Asimismo, se necesita una mayor coordinación en la implementación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que, hasta ahora, no ha alcanzado el impacto esperado debido a las diferencias políticas y las negociaciones prolongadas entre los países miembros.

Por otra parte, es necesario destinar más fondos europeos para reforzar las capacidades de los países que se encuentran en primera línea de la migración. Esto no solo implica inversiones en infraestructura y recursos humanos, sino también en programas de integración que permitan a los migrantes convertirse en una parte activa y productiva de nuestras sociedades.

España necesita un apoyo más sólido y comprometido por parte de la Unión Europea. No se trata solo de gestionar números, sino de garantizar un enfoque humano y sostenible que respete los derechos de las personas migrantes y facilite su integración, al mismo tiempo que alivia la carga que actualmente recae de manera desproporcionada sobre ciertos países.

¿Cómo ve la evolución del discurso político y mediático sobre inmigración en España?

Desde mi experiencia como abogada especializada en migración, he observado con atención cómo el discurso político y mediático sobre inmigración en España ha evolucionado en los últimos años. Aunque hay esfuerzos genuinos por parte de algunos sectores para promover la inclusión y resaltar los beneficios de la diversidad cultural, también hemos sido testigos de un preocupante aumento de narrativas xenófobas, especialmente en contextos políticos polarizados o en épocas electorales.

Por ejemplo, en 2023, un informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) señaló que ciertos partidos políticos han utilizado la inmigración como un tema divisorio, asociándola de manera injustificada con problemas como la inseguridad o el desempleo. Este tipo de mensajes no solo refuerzan estigmas negativos, sino que también generan un clima de rechazo hacia las personas migrantes, dificultando su integración en la sociedad.

En el ámbito mediático, he notado una dualidad. Por un lado, existen medios que han asumido un rol responsable al dar voz a las historias de migrantes, destacando sus logros y aportes. Un ejemplo positivo es la cobertura de iniciativas empresariales lideradas por migrantes, que demuestran cómo estas personas no solo contribuyen al crecimiento económico, sino que también enriquecen culturalmente al país. Sin embargo, por otro lado, hay medios que continúan utilizando términos sensacionalistas o imágenes que criminalizan a los migrantes, especialmente en relación con las llegadas a las costas del Mediterráneo o las Islas Canarias.

Es fundamental contrarrestar estas narrativas negativas con información veraz y equilibrada. Desde mi perspectiva, los discursos políticos y mediáticos deben basarse en datos reales. Por ejemplo, según el INE, en 2023, los migrantes representaron el 15% de la fuerza laboral en sectores esenciales como la agricultura, la construcción y los cuidados, contribuyendo significativamente al Producto Interior Bruto (PIB) del país. Estos datos evidencian que los migrantes no son una carga, sino un activo valioso para España.

Además, considero que debemos promover historias que humanicen la migración. En mi labor, he tenido el privilegio de conocer a personas migrantes que, a pesar de enfrentar innumerables obstáculos, han logrado establecerse, emprender y devolver a la sociedad mucho más de lo que reciben. Estas narrativas positivas no solo ayudan a derribar prejuicios, sino que también inspiran empatía y solidaridad.

El discurso político y mediático tiene un enorme poder para moldear percepciones y actitudes hacia la inmigración. Por eso, debemos exigir responsabilidad a quienes influyen en la opinión pública y trabajar colectivamente para construir un relato inclusivo que celebre la diversidad como una fortaleza y no como un problema. Estoy convencida de que, con el enfoque adecuado, España puede liderar con el ejemplo en la promoción de una convivencia respetuosa y enriquecedora.

¿Qué impacto podría tener la reforma del reglamento de menores no acompañados en su transición a la vida adulta?

Desde mi experiencia, creo firmemente que esta reforma tiene el potencial de transformar profundamente la vida de muchos jóvenes que han llegado a España en situaciones de extrema vulnerabilidad. Si se implementa de manera adecuada, podría convertirse en una herramienta poderosa para garantizarles un futuro más estable y lleno de oportunidades.

Por ejemplo, otorgar permisos de residencia y trabajo a estos menores al alcanzar la mayoría de edad no solo les proporciona una base legal para permanecer en el país, sino que también les abre las puertas para integrarse plenamente en la sociedad. Muchos de ellos llegan con sueños y capacidades que pueden contribuir significativamente a nuestro tejido social y económico, pero sin un marco legal que los respalde, corren un alto riesgo de caer en la exclusión social o, peor aún, de ser víctimas de explotación laboral o trata.

Es importante mencionar que, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de 2023, aproximadamente el 70% de los menores no acompañados que alcanzan la mayoría de edad enfrentan dificultades para regularizar su situación migratoria, lo que los coloca en un limbo legal. Con la reforma, estos jóvenes podrían acceder a formación profesional y empleos formales, reduciendo la brecha de desigualdad y fomentando su independencia.

En mi opinión, otro aspecto crucial de esta reforma es el impacto psicológico. Saber que al cumplir 18 años no serán deportados o dejados al margen del sistema puede aliviar una gran carga emocional en estos jóvenes, permitiéndoles enfocarse en construir su futuro con esperanza y seguridad. Además, es fundamental que se refuercen los programas de acompañamiento y apoyo psicológico para guiarlos en esta transición, especialmente en áreas como la educación y la inserción laboral.

La reforma también tiene un beneficio para el país. Al permitir que estos jóvenes se incorporen al mercado laboral, España podría enfrentar más eficazmente la necesidad de mano de obra en sectores específicos. Según un informe de CEAR de 2023, muchos de estos jóvenes tienen habilidades que podrían cubrir vacantes en áreas como la agricultura, la construcción y los servicios, contribuyendo al crecimiento económico.

Creo que esta reforma debe ir acompañada de campañas de sensibilización para la sociedad, destacando el valor que estos jóvenes aportan y promoviendo su aceptación como parte de nuestras comunidades. La integración de menores no acompañados no es solo un tema legal, es un compromiso ético que refleja quiénes somos como sociedad. Si les damos las herramientas necesarias, no tengo duda de que muchos de ellos se convertirán en ciudadanos ejemplares y activos, enriqueciendo nuestra diversidad cultural y fortaleciendo nuestro tejido social.

¿Qué papel juegan los inmigrantes en la recuperación económica de España?

Los inmigrantes son esenciales para la recuperación económica. Contribuyen en sectores clave como la construcción, la agricultura y los cuidados, además de generar actividad económica a través del consumo y la creación de empresas. Su papel no solo es importante, es imprescindible.

Los inmigrantes desempeñan un rol indispensable en la recuperación económica de España. Contribuyen de manera significativa en sectores clave como la agricultura, la construcción, la hostelería y el cuidado de personas, sectores que son esenciales para el funcionamiento y el crecimiento de nuestra economía. Por ejemplo, entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2024, los trabajadores extranjeros representaron el 40% de los nuevos empleos creados en el país. En sectores como la agricultura, su participación alcanza el 80%, lo que demuestra su importancia en actividades fundamentales para la economía.

Además, los inmigrantes son responsables del 84% del crecimiento poblacional en los últimos años, ayudando a contrarrestar los efectos del envejecimiento demográfico y la baja natalidad que afectan a España. También generan actividad económica a través de su consumo y, en muchos casos, mediante la creación de pequeñas y medianas empresas que dinamizan el mercado local.

Sin embargo, también enfrentan desafíos importantes, como la sobrecualificación y una brecha salarial que, en promedio, los coloca en una situación más desfavorable que los trabajadores nacionales. Por ello, creo que es fundamental diseñar políticas públicas que promuevan su integración plena, mejoren sus condiciones laborales y valoren su contribución al desarrollo económico y social de España. No solo hablamos de un acto de justicia social, sino también de una oportunidad para fortalecer nuestra economía de forma inclusiva y sostenible.