El Ministerio de Sanidad, que dirige Mónica García, ha puesto sobre la mesa una propuesta para desmantelar el modelo de Muface, que actualmente brinda cobertura sanitaria a los funcionarios a través de aseguradoras privadas.
Según un documento elaborado por el propio Ministerio, el sistema no es sostenible a largo plazo. Con una población mutualista cada vez más envejecida y menos jóvenes incorporándose, los costes se disparan y el equilibrio financiero se hace inviable. Además, la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras ha sido el detonante para plantear una transición hacia el Sistema Nacional de Salud (SNS), algo que concluyen es «tanto viable como razonable».
Sanidad propone un plan de cambio gradual que se llevaría a cabo en un plazo de 9 meses. En este periodo, los mutualistas pasarían poco a poco al sistema público, en función de su edad, la inicial de su apellido y la aseguradora con la que actualmente tienen contrato. Las Comunidades Autónomas tendrían margen para ajustar este proceso según sus necesidades, lo que permitiría una integración más ordenada y menos traumática para los pacientes. La idea es que nadie quede desatendido, especialmente aquellos con enfermedades crónicas o tratamientos complejos, para quienes se prevé un plan de continuidad que evite interrupciones en su atención médica.
En cuanto a la financiación, el Gobierno propone redirigir los recursos que actualmente van a las aseguradoras privadas hacia los servicios autonómicos de salud durante los primeros tres años de la transición. Con esta medida, se busca fortalecer el sistema público para que pueda absorber a los nuevos usuarios sin comprometer la calidad de los servicios.
El Ministerio considera que la integración de los mutualistas en la sanidad pública es una decisión inevitable. Sin embargo, con este plan se tensiona todavía más la atención sanitaria pública. El mayor reto será manejar la transición de forma que los mutualistas no pierdan calidad en su atención y reducir el impacto sobre el sistema sanitario.