España enfrenta retrasos en la solicitud de los fondos Next Generation que pospondrán los pagos del quinto y sexto tramo hasta 2025. Además, la reforma fiscal es la principal fuente de las tensiones con Bruselas, que exige más avances y que de no cumplirlos podría provocar nuevos retrasos. A esto se suma la compleja situación legislativa interna con un gobierno muy débil, enfocado en aprobar reformas para mantenerse en el poder en lugar de las calves para cumplir los compromisos con la UE.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez confía en solicitar el quinto tramo de los fondos antes de que termine 2024, por un valor de 7.000 millones de euros, el proceso de evaluación y aprobación por parte de la Comisión Europea y los Estados miembros hará que esos fondos no lleguen hasta 2025. Esto también afectará el sexto desembolso, que estaba previsto para el próximo año, y que se retrasará, con lo cual España verá desplazada una parte importante de los 4.000 millones de euros en subvenciones y 14.000 millones en préstamos previstos.
Uno de los principales escollos que podría generar más retrasos es la reforma fiscal, un tema que genera tensiones entre el Gobierno español y Bruselas. Aunque el Ejecutivo español daba por concluida esta reforma, la Comisión Europea considera que aún queda trabajo por hacer, sugiriendo medidas adicionales como el aumento del IVA y la implementación de impuestos medioambientales. Esta discrepancia podría dilatar aún más las negociaciones y, si la Comisión concluye que no se han cumplido los objetivos, España podría recibir solo un pago parcial, lo que le daría seis meses para subsanar las deficiencias y acceder al resto de la financiación.
A esta situación se suma la complejidad del panorama legislativo interno. La falta de consenso en el Congreso para aprobar reformas clave, como la del subsidio por desempleo, ha complicado el cumplimiento de los plazos en los desembolsos anteriores. El Gobierno también tiene que enfrentar un calendario legislativo cargado, con medidas importantes como la ley del Suelo, la financiación autonómica y el paquete de Vivienda, que podrían seguir retrasando otros compromisos pendientes con Bruselas, como el plan presupuestario.