La financiación autonómica en España es el sistema que utiliza el Estado para distribuir los ingresos tributarios entre todas las comunidades autónomas, exceptuando País Vasco y Navarra, que tienen regímenes especiales. Esta financiación se nutre de una «hucha común» compuesta por una parte de los impuestos estatales (50% del IRPF, 50% del IVA y 58% de los impuestos especiales) y de impuestos cedidos a las autonomías, como Sucesiones y Donaciones y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. El modelo implantado en 2009, se encuentra caducado desde 2014, año en el que debió haber sido renovado.
El reparto de estas cuantías genera controversia debido a que no es homogéneo. Se calcula en parte a través del Fondo de Garantía, que compensa a las comunidades con más dificultades para ofrecer servicios públicos de calidad. Para determinar las necesidades de cada territorio, se consideran variables como el número de habitantes mayores de 65 años y en edad escolar, la dispersión de los residentes y la superficie.
Además, existen otros fondos, como el de Suficiencia y Convergencia, que corrigen desequilibrios territoriales asegurando que las necesidades de financiación de cada comunidad se cubran cada año, independientemente de su capacidad recaudatoria. Sin embargo, en la práctica, el sistema genera desigualdades. Según un informe de Fedea de 2021, la diferencia entre las regiones mejor y peor financiadas fue de casi 730 euros por persona. Cantabria, con 3.417 euros por habitante, fue la mejor financiada, mientras que Murcia, con 2.691 euros per cápita, ocupó la posición más baja.
De media, las autonomías recibieron 2.963 euros por habitante. Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha denunciaron estar infrafinanciadas. Las comunidades mejor financiadas, además de Cantabria, fueron Baleares, La Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Otro aspecto polémico es la mayor capacidad recaudatoria de regiones como Madrid, Cataluña y Baleares, que en 2021 aportaron más al sistema de lo que recibieron.
País Vasco y Navarra tienen su propio sistema de financiación basado en acuerdos bilaterales con el Gobierno central. Este régimen foral les permite gestionar sus impuestos y financiación con cierta autonomía, contribuyendo a las cargas generales del Estado mediante el «cupo» o «aportación». Cataluña ha propuesto un sistema similar, en el que la Generalitat recaudaría todos los impuestos y transferiría una partida al Estado, contribuyendo también a la financiación de comunidades con menor capacidad fiscal para garantizar la equidad horizontal.
Para implementar esta propuesta se requerirían reformas legislativas importantes, incluyendo la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Sin embargo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) rechaza la propuesta, considerándola inconstitucional y contraria a los principios de solidaridad, argumentando que podría privilegiar a Cataluña y perjudicar la lucha contra el fraude y la recaudación de impuestos.
De llevarse a cabo, los expertos advierten que el sistema de financiación actual podría colapsar, limitando la capacidad del Estado para cohesionar el territorio y cumplir con sus funciones constitucionales, lo que podría llevar a una fragmentación del sistema financiero del país.