La reducción de la jornada laboral a 37,5 es una imposición del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya impulsora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha avanzado sin negociar con la patronal, apoyándose solamente en los sindicatos.
Por su parte, los empresarios españoles han mostrado su molestia por esta falta de negociación y preocupación por las consecuencias que traerá esta medida al sector privado. Y es que, el Ejecutivo, además de no escuchar los alegatos, tampoco ha compartido con ellos un estudio del impacto económico de la medida.
En este sentido, la patronal que agrupa las pequeñas y medianas empresas sí que ha realizado un estudio llamado ‘Impacto de la reducción de la jornada laboral en la pyme’ elaborado por Cepyme. En el análisis estiman que esta reducción de jornada costará aproximadamente 1000 euros anuales por trabajador. Además, resaltan que la diferencia entra los sectores productivos, así como el tamaño de las empresas, complica el poder adaptarse a la medida en los pocos meses previos a su implementación, estimada para el 1 de enero de 2025.
Otro aspecto que resalta el estudio es que la medida también afectará a los trabajadores que son contratados por convenios colectivos, y que estiman en un 75,8% de los empleados contratados bajo estos acuerdos laborales, que totalizan unos 8,8 millones de personas. Pero el número aumenta si se toman en cuenta los trabajadores con condiciones similares a los contratos colectivos, subiendo hasta los 13,5 millones.
Todo esto redunda en un impacto económico a cargo de las empresas que aumenta hasta los 11.800 millones de euros, “referente al aumento de la remuneración por las horas que se dejarían de trabajar”. De ahí, el calculo de 1.013 euros anuales de media por trabajador, pero la patronal señala que según el sector la cifra puede ser mayor.
Señalan que las industrias extractivas, con 2.142 euros anuales por empleado; electricidad y gas, 1.723 euros; actividades inmobiliarias, 1.570 euros; transporte, 1.476 euros; comercio, 1.456 euros; y las actividades profesionales y técnicas, 1.403 euros, todas superan el promedio.
Entre las que se ubican debajo del umbral, están las administraciones públicas, que se estiman en 54 euros anuales por trabajador, finanzas y seguros, con 111 euros; educación, unos 234 euros; construcción, en 479 euros; otros servicios, 666 euros; arte y ocio, con 682 euros; agua y saneamiento, en 801 euros, y sanidad, con 848 euros.
El análisis señala que el impacto económico en términos de producción ascendería a los 42.394 millones de euros.
El estudio concluye que “el impacto en las pequeñas empresas será más difícil de procesar tanto por su menor capacidad para disponer de nuevos trabajadores, especialmente con la actual problemática de vacantes que sufre el mercado laboral español”.