Momento preocupante para los trabajadores españoles: en los primeros cuatro meses del año se ha producido un aumento del 12,4% en los despidos registrados por la Seguridad Social, alcanzando los 341.874 ceses.

Este incremento se suma a los datos récord ya observados en 2023. Más de la mitad de estos, el 54,6%, corresponden a despidos disciplinarios individuales, una modalidad que no requiere indemnización y que muchas empresas utilizan como una forma de despido rápido o «exprés».

Por otro lado, los despidos declarados improcedentes, que conllevan una indemnización de 33 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades, apenas representan el 0,15% del total, con 523 casos.

Los despidos objetivos individuales han crecido a un ritmo similar al de los disciplinarios, con un 12% interanual en lo que va de año. La mayoría de estos despidos son por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas (ETOP), lo que sugiere que las empresas tienen más dificultades para mantener sus plantillas. Aunque la mayoría de las empresas optan por vías más baratas.

Achacar estos datos a un mero incremento de la contratación indefinida o un ajuste estadístico es evitar la cuestión de fondo: ya sea por la incertidumbre económica, el temor a un endurecimiento de la regulación o una precarización del empleo indefinido, los despidos siguen batiendo récords. Esta tendencia también se refleja en los ceses por no superar el periodo de prueba, que rozan las 300.000 en lo que va de año, con un crecimiento del 6% interanual.

Datos con limitaciones

La fuente más actualizada para entender cómo los españoles pierden su empleo son los registros de las causas de bajas de afiliación. Junto con datos de Hacienda, de mediación o de asuntos judiciales, otra estadística importante es la de ‘Despidos y su Coste’ elaborada por el Ministerio de Trabajo, aunque esta se publica con un año de retraso.

Aunque el análisis de las cifras de Seguridad Social presenta algunas particularidades, estos datos revelan un aumento constante en los despidos que no parece encontrar techo. A pesar de los cambios legales aprobados por el Gobierno para acabar con el ‘despido libre’, esta sigue siendo la opción más utilizada por las empresas.

Sin embargo, estos datos tienen limitaciones: solo reflejan lo que el empresario declara en el momento de notificar la baja de afiliación. Si se produce un acuerdo extrajudicial o una sentencia que declara el despido como no justificado (o incluso nulo), esto ya no se refleja en las estadísticas, las cuales están sujetas a una elevada volatilidad.

Este fenómeno también se aplica a los despidos por causas ‘objetivas’, que parten de una indemnización de 20 días por año trabajado, a no ser que, en la negociación o juicio posterior, se determine otra cosa. Un efecto estadístico similar ocurre con los despidos colectivos, que son siempre por causas objetivas. Estos datos no reflejan la totalidad de las salidas determinadas por la empresa, ya que suelen escalonarse en el tiempo.

Despidos más baratos

El despido ‘exprés’ fue eliminado en la reforma laboral de 2012. Esta modalidad permitía a la empresa reconocer la improcedencia en el momento del cese, lo que se traducía en recibir la indemnización máxima entonces tasada en 45 días por año en 42 mensualidades. La legislación aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy recortó el tope a 33 días y 24 meses, pero determinó que la improcedencia debía reconocerse tras un proceso legal iniciado por el trabajador despedido. Esto provocó una judicialización masiva de los despidos, sin evitar que las empresas usaran formas de despido ‘libre’ o ‘exprés’ más baratas.

Las empresas comenzaron a declarar despidos disciplinarios y, una vez producida la baja, negociar una compensación con el trabajador en conciliación o juicio. Esto a menudo resultaba en la indemnización máxima, pero menor a la que correspondía con la legislación anterior.

Esto explica que los despidos disciplinarios se convirtieran en la primera opción para prescindir de un empleado, pasando del 26,6% en el primer cuatrimestre de 2013 al 54,6% una década después.

La reforma laboral de 2021 no cambió la legislación del despido establecida una década antes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diseñó un plan para endurecer la causalidad y cerrar la puerta al ‘despido libre’. UGT y CCOO denunciaron la legislación española ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la Carta Social Europea, argumentando que el tope a la compensación por despido improcedente era insuficiente.

El organismo europeo les dio la razón en una decisión cuyo contenido el Gobierno no ha hecho público mientras discute una propuesta de reforma. Esta situación ha llevado a muchos tribunales a dictar sentencias con indemnizaciones superiores a los 33 días, invocando la Carta Social y los convenios de la OIT.

Los cambios en legislaciones sociales introducidos han aumentado los supuestos de nulidad, haciendo que muchos casos pidan la anulación del cese, lo que implica la reincorporación.

A pesar de los máximos en empleo, se producen más despidos que nunca. Un fijo y un eventual cobran la misma indemnización en caso de despido, aunque los temporales perciben menos si su contrato finaliza en la fecha prevista. La reforma laboral ha hecho que los despidos de indefinidos, que eran mayoría antes, lo sean aún más, alcanzando el 93%.