La reducción de la jornada laboral, la medida estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la gota que colma el vaso para las pymes, las principales afectadas por la iniciativa que ha sido aprobada sin que se escuche su postura.
Y es que el sector privado denuncia el “intervencionismo” y el “rodillo” del Gobierno de Pedro Sánchez, que aprueba medidas no consensuadas, obviando el Diálogo Social. Por esto, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) hace público el día de hoy el ‘Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa’, en el que denuncian la insostenible situación que viven debido a las medidas del Ejecutivo encabezado por el PSOE. En este sentido, lo primero que piden es que “que cese la injerencia gubernamental en la empresa”.
Gerardo Cuerva, presidente de la , ha destacado que la organización ha recibido múltiples demandas de sus miembros para que actúe frente a una avalancha normativa que está elevando los costes para las empresas. Entre los puntos de conflicto se encuentran el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 54% desde 2018 y la implementación de casi treinta cambios normativos desde la aprobación de la reforma laboral de 2021. Estos cambios incluyen, por ejemplo, la prevalencia del convenio provincial y autonómico sobre el sectorial, una medida que muchas veces ha sido implementada sin el consenso adecuado, según la Confederación.
Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, medida que, según Cepyme, tendrá un coste significativo para las pymes. Según el servicio de estudios de la organización, esta reducción implicaría un coste anual de 1.000 euros por trabajador, ascendiendo a 12.000 millones de euros en total y generando un impacto económico global de unos 42.000 millones de euros, equivalentes a un 2,8% del PIB. Este aumento de costes, en un contexto ya desafiante, podría minar la viabilidad de muchas pequeñas empresas, que desempeñan un papel crucial en la cohesión territorial y la economía local.
Además de los costos directos, Cepyme advierte que la reducción de la jornada laboral podría reducir el número de horas trabajadas en un 2,8%, lo que, junto con el creciente absentismo y los costes de reemplazo de personal, incrementaría las cargas laborales y dificultaría la creación de empleo en un momento en que la economía muestra signos de ralentización.