La situación financiera de la Seguridad Social en España es insostenible. Esta es la conclusión de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Un análisis del think tank sobre el estado financiero del sistema contributivo de pensiones públicas en 2023, refleja que los ingresos actuales solo cubren el 70% del gasto en pensiones. Esta discrepancia se financia con deuda e impuestos, generando un déficit contributivo que ya alcanza los 56.000 millones de euros.

Según las estimaciones de Miguel Ángel García Díaz, autor del estudio, el déficit contributivo de la Seguridad Social es alarmante. Las pensiones absorben el 13,1% del PIB y casi el 30% del gasto público total, convirtiéndose en un tema de debate constante en la sociedad.

Estos hallazgos coinciden con el informe sobre el Día de la Deuda publicado por el Instituto Juan de Mariana en noviembre del año pasado, que situó el déficit real de la Seguridad Social en España como el más grande de toda la Unión Europea.

En este sentido, el informe de Fedea señala que las recientes reformas han incrementado significativamente las transferencias del Estado para cubrir las obligaciones de la Seguridad Social, lo que distorsiona la verdadera salud financiera del sistema. Estas transferencias presupuestarias no provienen de las cotizaciones sociales, sino de impuestos ordinarios, lo que reduce el contenido informativo del déficit contable oficial de la Seguridad Social. En otras palabras, financiar las pensiones con transferencias estatales distorsiona la realidad económica del sistema, ya que estos fondos podrían haberse utilizado para otros fines públicos.

En 2023, el déficit oficial de la Seguridad Social se situó en un 0,6% del PIB. Sin embargo, al excluir los ingresos del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que no están disponibles para pagar las pensiones actuales, el déficit aumenta al 0,8% del PIB. Además, la Seguridad Social recibió dos transferencias específicas del Estado por un total de 27.231 millones de euros (1,9% del PIB), destinadas al pago de complementos por mínimos de pensiones y a los denominados «gastos impropios». Excluyendo estas transferencias, el déficit contributivo real del sistema sería del 2,7% del PIB. Añadiendo las transferencias del Estado para las pensiones de Clases Pasivas, el déficit total alcanza los 3,8 puntos del PIB, equivalente a 55.919 millones de euros.

Para cubrir este déficit, el sistema de pensiones recibió en 2023 transferencias del Estado por valor de 3,1 puntos del PIB (44.148 millones de euros) y un préstamo del Estado de 0,7 puntos del PIB (10.003 millones de euros). Estas transferencias y préstamos redujeron los recursos disponibles para otras necesidades públicas importantes.

Al comparar los ingresos obtenidos por la Seguridad Social para las pensiones contributivas (más de 189.000 millones de euros) con los ingresos de cuotas sociales y otras fuentes menores (más de 133.000 millones de euros), se evidencia un déficit contributivo de casi 56.000 millones de euros. Esto significa que solo el 70% de las pensiones se financian con cotizaciones sociales, mientras que el 30% restante se cubre con impuestos y deuda.

La situación actual pone de manifiesto la urgencia de reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y evitar una mayor dependencia de la deuda y los impuestos para financiar las crecientes obligaciones de la Seguridad Social.