El Gobierno de Pedro Sánchez está considerando una vez más la posibilidad de entrar en Naturgy si Criteria, el brazo inversor de La Caixa, no encuentra pronto un socio ante la retirada de la emiratí Taqa.
Según fuentes cercanas a La Moncloa, el Ejecutivo está planeando un movimiento similar al realizado con Telefónica, utilizando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como instrumento para adquirir una participación en la energética española.
Esta oportunidad podría surgir en otoño, cuando parte del 20,6% de Global Infrastructure Partners (GIP), recientemente adquirido por BlackRock, esté disponible para la venta, previsiblemente con la aprobación del Gobierno, de acuerdo a la información adelantada por el diario ABC.
En este sentido, el Gobierno estaría preparado para intervenir en la energética si es necesario, para asegurar la estabilidad y «españolidad» de la empresa. La ventana de venta de la participación de GIP, ahora en manos de BlackRock, ofrece una oportunidad para que el Estado se haga con una parte del capital social para evitar su posible control por parte de intereses extranjeros que pueden estar no alineados con los objetivos nacionales.
Como reiteran fuentes oficiales, el Ejecutivo considera a Naturgy una empresa estratégica para la economía del país, y garantizar un accionariado estable que permita cumplir su ambicioso plan estratégico. Este plan incluye una participación estatal cercana al 10%, similar a la tomada en Telefónica, en un momento en que los fondos CVC y GIP, con participaciones del 20,7% y 20,6% respectivamente, buscan vender sus acciones tras considerar cumplido su ciclo inversor en la compañía.
El temor del Gobierno es que una retirada de estos fondos resulte inadecuada para la energética, abriendo la puerta a posibles compradores extranjeros con intereses no alineados con los objetivos estratégicos de España. Esto incluye la posibilidad de que la empresa caiga en manos de fondos de inversión sin intención de permanencia a largo plazo, o de actores extranjeros que podrían intentar tomar el control sin la aprobación del resto de accionistas, como ya intentaron los australianos de IFM con su participación del 15%.
Para evitar esta situación, Criteria, bajo la dirección del nuevo CEO Ángel Simón, ha estado buscando nuevos socios que fortalezcan su posición en Naturgy. Durante la última junta de accionistas en abril, el vehículo de inversión de La Caixa expresó su apoyo al plan de transformación liderado por el presidente ejecutivo Francisco Reynés. Sin embargo, las negociaciones con Taqa, la compañía de los Emiratos Árabes, para una oferta pública de adquisición conjunta no llegaron a buen puerto, obligando al holding a reconsiderar sus opciones.
En este contexto, el Gobierno está observando de cerca la participación de GIP, ahora en manos de BlackRock. Si bien el fondo de inversión aún no ha desvelado sus planes para la empresa, fuentes financieras indican que podría reducir su participación, quedándose con un 5% a 7% y dejando entre un 13% y 15% disponible para la venta. Esto abriría una ventana de oportunidad para el Gobierno, que podría comprar esta participación a precios de mercado adecuados si Criteria no encuentra otro socio industrial.
El objetivo del Gobierno es asegurar un accionariado estable y comprometido con el proyecto industrial de Naturgy. En este sentido, el movimiento en el capital social de la compañía se considera crucial para evitar que la empresa caiga en manos no deseadas y para fortalecer su posición en el sector energético español. La entrada del Estado, utilizando la SEPI, podría replicar el modelo utilizado con Telefónica, donde la participación estatal ha ayudado a mantener el control y dirección estratégica de la empresa.
Las fuentes financieras consultadas están convencidas de que BlackRock obtendrá la aprobación gubernamental para su adquisición parcial de Naturgy, dada la alineación de intereses. Esta operación podría comenzar a finales de septiembre, permitiendo al Gobierno intervenir de manera gradual y estratégica en la energética.