Los problemas en la gestión y distribución de los fondos europeos en España, acentuados por la falta de transparencia, los fallos en las previsiones y la burocracia del Ejecutivo han dificultado la llegada de los recursos a la economía real. Para solucionar estos problemas, debe haber un cambio en la gestión de los recursos e implementarse incentivos fiscales que promuevan la participación del sector privado.
Estas son las consideraciones que emanan del informe ‘El fiasco de los fondos europeos’ realizado por el Instituto Juan de Mariana, en el que denuncia que el 80% de los recursos comunitarios han sido destinados al sector público, dejando a la economía real con solo 20.000 millones de euros, un 75% menos de lo previsto. El análisis critica la introducción de numerosos procesos burocráticos, resultando en cuellos de botella y parones administrativos.
La falta de transparencia es una de las principales críticas del estudio, alineándose con las quejas de empresarios y organismos como Fedea y la Airef. La opacidad ha sido una constante en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia implementado por el Gobierno de Pedro Sánchez, con la Intervención General de la Administración del Estado sin desglosar los fondos invertidos desde el verano de 2021. Además, la Conferencia Sectorial, encargada de coordinar el programa con las comunidades autónomas, lleva más de tres años sin celebrar sesiones.
«La opacidad ha sido una de las características centrales del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La Intervención General de la Administración del Estado no desglosa los fondos realmente invertidos desde verano de 2021».
Otro de los principales problemas con estos recursos es que el 61% de los 100 mayores beneficiarios de los fondos son del sector público, especialmente ayuntamientos y empresas públicas. España recibirá 163.000 millones de euros de Europa, pero los pagos realizados en el primer trienio de ejecución han sido del 45,5% en 2021, del 39,6% en 2022 y del 27,3% en 2023. En total, solo han llegado 20.000 millones a la economía real, hasta un 75% menos de lo esperado.
El Instituto Juan de Mariana critica también los fallos en las previsiones del Ejecutivo, que estimó que los fondos europeos aumentarían el crecimiento en 2,5 a 3 puntos. Sin embargo, el efecto real fue cinco veces menor en los primeros años de desembolso y, a medio plazo, será más de un 50% más bajo de lo esperado. El 60% de la mejora del PIB en 2023 se explica por el aumento de la deuda pública.
«El modelo de gestión por el Gobierno está condenado por diseño. En la medida en que se han introducido numerosos procedimientos burocráticos, el resultado ha sido el que cabía esperar, con numerosos cuellos de botella y parones administrativos».
En cuanto al empleo, los niveles de ocupación son más bajos de lo esperado, a pesar de que se prometieron 800.000 empleos. El paro efectivo ha aumentado, pasando de 3.773.000 a 3.790.500 personas entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023. La inversión privada también ha disminuido: a finales del primer trimestre de 2024, la inversión estaba un 2,2% por debajo de las cifras de finales de 2019, con una caída del 6,2% en la formación bruta de capital fijo de maquinaria y bienes de equipo y un descenso del 2,6% en la inversión en construcción.
El informe también analiza las reformas comprometidas, señalando que algunas no tendrán efectos positivos y suponen contrarreformas con impacto negativo en la economía. Citan la Ley de Vivienda, que está reduciendo la oferta de pisos disponibles, y los cambios en el sistema de pensiones, que aumentan las cotizaciones sociales mientras agrandan el déficit de la Seguridad Social. Además, critica los nuevos modelos de medición del empleo, calificándolos de «maquillaje estadístico».
En cuanto a las conclusiones, el Instituto Juan de Mariana sugiere que España debería bloquear los fondos europeos no comprometidos y desembolsar un programa masivo de incentivos fiscales para devolver recursos al sector privado. Esto permitiría que las empresas asumieran los fondos europeos desde el lado de la oferta. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha desechado esta posibilidad, comprometiendo solo 483 millones de euros en una pequeña línea de incentivos fiscales en I+D, lo que representa un escaso 0,6% del total de ayudas a fondo perdido movilizadas en el Plan de Recuperación.