El 25% de los trabajadores del sector agrícola son personas en situación de riesgo por su condición social, algo que hace que sean víctimas de abusos laborales.
Un estudio titulado realizado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Pontificia Comillas y Oxfam Intermón, ha revelado que aproximadamente una de cada cuatro personas empleadas en el sector agrícola europeo son migrantes víctimas de explotación laboral y abusos de derechos.
En la actualidad, 2,4 millones de personas migrantes trabajan en la cosecha de frutas y verduras en Europa, representando una proporción significativa de la mano de obra agrícola. Sin embargo, los investigadores advierten que esta cifra podría ser mayor debido a la inclusión limitada de aquellos empleados de manera no estacional, contratados a través de agencias intermediarias y los trabajadores sin documentación.
El informe ‘Esenciales pero invisibles y explotados’ se ha basado en una exhaustiva revisión de textos académicos y documentos de organizaciones no académicas publicados entre 2018 y 2023, abarcando aspectos como condiciones laborales, transporte, residencia, salud y seguridad en el trabajo. Los hallazgos señalan una «violación sistémica» de los derechos de los trabajadores migrantes según la legislación laboral y de derechos humanos de la Unión Europea, particularmente en nueve países: España, Italia, Francia, Polonia, Finlandia, Suecia, Alemania y Grecia.
Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe, ha destacado la vulnerabilidad de los migrantes en la industria agrícola europea, subrayando que su explotación y el incumplimiento de la legislación europea son estructurales. A pesar de su rol esencial en la cadena agroalimentaria, los migrantes se enfrentan a salarios inferiores al mínimo legal en casi todos los países examinados, con una marcada desigualdad de género. En regiones como Huelva, España, las mujeres migrantes ganan significativamente menos que los hombres, y en Italia, la diferencia salarial alcanza hasta un 30%.
El estudio también documenta abusos laborales y condiciones de trabajo extremas. Los trabajadores con permisos temporales o en situación irregular son especialmente vulnerables, enfrentando jornadas extenuantes y condiciones inhumanas. Un caso extremo citado es el de jornaleros tailandeses en Suecia, quienes trabajan entre 12 y 19 horas, seis días a la semana. Además, los intermediarios abusan de su poder, y las imposiciones de mayoristas y supermercados agravan la explotación, obligando a los trabajadores a autoexplotarse para cumplir con las demandas.
Las condiciones de alojamiento para los trabajadores migrantes son deplorables. Los investigadores describen viviendas precarias, superpobladas y aisladas, con algunos migrantes viviendo en asentamientos improvisados sin acceso a agua corriente, electricidad, calefacción ni recogida de residuos, exponiéndose a riesgos de enfermedades e incendios. El aislamiento geográfico y social aumenta la vulnerabilidad de los trabajadores, dificultando su integración y acceso a servicios básicos.
La salud y seguridad en el trabajo también son preocupaciones significativas. Los accidentes y lesiones son frecuentes debido a la falta de formación y equipos de protección adecuados proporcionados por los empleadores. Ejemplos incluyen caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y heridas por el uso incorrecto de maquinaria. En casos extremos, como en Murcia, un trabajador murió tras no recibir agua durante un día completo de trabajo bajo temperaturas de 44 grados.
El acceso a servicios de salud es otro desafío crítico para los trabajadores migrantes, quienes enfrentan barreras informativas, administrativas y lingüísticas. La falta de una dirección fija y la temporalidad de sus empleos a menudo los excluyen de los sistemas de salud, dejándolos sin cobertura médica esencial.
En respuesta a estos hallazgos, la Unión Europea ha aprobado una directiva de Debida Diligencia que obliga a las empresas a respetar los derechos humanos y ambientales en toda la cadena de valor. Esta normativa busca facilitar el acceso a la justicia y la compensación para los sobrevivientes de abusos, además de imponer responsabilidades a la agroindustria y los minoristas para prevenir y remediar las violaciones de derechos humanos.
Ruiz concluye que los líderes europeos no pueden seguir ignorando la explotación en la industria agrícola, que se refleja en los productos que los ciudadanos consumen a diario. La nueva legislación de la UE sobre cadenas de suministro ofrece una esperanza para poner fin a esta explotación, siempre y cuando los países europeos la implementen y transponen adecuadamente.
El estudio recomienda fomentar la participación de los migrantes en las estructuras sindicales, garantizar la formación en idiomas comprensibles y proporcionar el equipo necesario. Además, aboga por que las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) consideren el cumplimiento de normas laborales y sociales por parte de los receptores. Estas medidas son cruciales para mejorar las condiciones de vida y trabajo de los migrantes en el sector agrícola europeo y garantizar una industria más justa y sostenible.