El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que los contratos de personal interino en la administración pública que encadenen varios contratos temporales deben convertirse en indefinidos para prevenir y sancionar los abusos de temporalidad. Esta sentencia responde a la solicitud de tres trabajadoras interinas de la Generalitat de Cataluña, cuya plaza fue ocupada por un funcionario de carrera. Las trabajadoras argumentaban que sus funciones no eran temporales, urgentes ni excepcionales, sino ordinarias y permanentes, lo que consideraban un abuso por parte de la administración.
Las trabajadoras también pidieron una compensación económica de 18.000 euros o una cantidad adecuada por el abuso de contratos temporales. La administración, sin embargo, niega esta acusación, argumentando que se han realizado convocatorias anuales para cubrir las plazas ocupadas por las trabajadoras.
El TJUE ha fallado a favor de las trabajadoras, señalando que, en ausencia de medidas adecuadas en la legislación nacional para prevenir y sancionar los abusos, la conversión de contratos temporales en indefinidos puede ser una medida adecuada de prevención y reparación. No obstante, el tribunal recordó que corresponde a los juzgados nacionales asegurar que esta conversión no contravenga la ley.
Por su parte, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado que España ha regularizado ya al 75% de los trabajadores interinos en la administración pública y que el Gobierno cuenta con una ley que se anticipó al problema de la temporalidad, obteniendo «resultados extraordinarios».
En declaraciones antes de participar en la I Jornada de Reflexión sobre los Derechos Digitales en San Fernando (Cádiz), Escrivá se refirió a la sentencia del TJUE, indicando que la opinión del tribunal está pendiente de emitirse sobre «casos previos a 2021». Según el ministro, esto concierne principalmente a los tribunales y cómo deben resolver esos conflictos.
El ministro destacó que, más allá de estos casos históricos, es crucial centrarse en los logros actuales y futuros en la estabilización del empleo público. Comparó la situación con la reforma laboral en el sector privado, que ha reducido significativamente la temporalidad, y expresó su confianza en que se alcanzarán las 300.000 estabilizaciones de interinos a finales de año, cumpliendo ampliamente con los objetivos del Gobierno.
De este modo, el fallo del TJUE y los esfuerzos del Gobierno español buscan garantizar la estabilidad laboral y prevenir abusos en la administración pública, proporcionando a los trabajadores interinos la seguridad y condiciones justas que merecen.