La proliferación sin control de los pisos turísticos en España se ha convertido en un tema de interés para el Estado, al ser un factor adicional a la problemática estructural de la vivienda que se complica cada vez más.
De esta forma, el control sobre los pisos turísticos ha pasado a ser una medida impulsada no solo por gobiernos de izquierda sino por la mayoría de las formaciones debido al impacto que presenta en el mercado inmobiliario de los distintos municipios y regiones.
En este sentido, uno de los principales elementos para frenar el crecimiento desmedido de estos pistos turísticos es aumentar la presión regulatoria, estableciendo multas más fuertes que oscilan entre 1.500 euros por infracciones leves y 400.000 euros por faltas muy graves; al tiempo que se fortalecerán los controles.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, donde solo un 7,4% de las 13.500 viviendas turísticas operan con licencia, ha establecido un plan con sanciones que varían desde 30.001 euros y pueden llegar a 100.001 euros en caso de reincidencia. Además, el alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció un incremento en las inspecciones para combatir la operación ilegal de estos pisos.
En Asturias, las multas por infracciones en los pisos turísticos oscilan entre 1.500 euros y 100.000 euros. En Ibiza, donde la escasez de oferta residencial es crítica, las sanciones se han duplicado, comenzando en 40.000 euros y alcanzando los 400.000 euros.
Por su parte, Canarias ha presentado el Anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que entrará en vigor en septiembre u octubre. Esta ley establece que el 90% de la edificabilidad residencial debe destinarse a domicilios permanentes, prohíbe el uso turístico de viviendas protegidas y obliga a que las nuevas construcciones se destinen a uso residencial durante al menos diez años. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) se ha opuesto firmemente, argumentando que perjudica gravemente a las viviendas turísticas.
Miguel Ángel Sotillos, presidente de Fevitur, alerta sobre la inseguridad jurídica creada por estas normativas, que amenazan millones de euros en inversiones. Critica que las moratorias dejan fuera a propietarios que estaban reformando viviendas para alquiler turístico. También destaca que muchas viviendas compradas y reformadas bajo normativas anteriores ahora enfrentan restricciones, generando gran incertidumbre.
Fevitur aboga por una regulación que considere los pisos que comenzaron cumpliendo las normas y propone un convenio laboral específico para el sector. En este sentodo, Sotillos defiende que los pisos turísticos generan empleo fijo y significativo y que este sector es crucial para albergar grandes eventos, ya que los hoteles no pueden satisfacer toda la demanda.
Además, argumenta que los pisos turísticos no influyen significativamente en los precios de la vivienda residencial, ya que el 70% son segundas residencias. Por otro lado, el Gobierno planea crear una plataforma estatal para controlar y perseguir el fraude en el mercado de pisos turísticos. Esta plataforma, que se espera esté lista antes de fin de año, registrará todas las viviendas de uso turístico y los alquileres temporales, buscando priorizar el uso residencial de las viviendas.