La Fiscalía ha solicitado al juez Manuel García Castellón la imputación de BBVA en el ‘caso Villarejo’, en pleno proceso de la OPA hostil para la adquisición del Banco Sabadell. La entidad financiera, presidida por Carlos Torres, podría enfrentarse a un juicio oral debido a su implicación en las actividades del ex comisario José Manuel Villarejo, quien está acusado de espiar a políticos y empresarios.
Ahora será el juez García Castellón debe decidir si acepta la petición del fiscal Alejandro Cabaleiro, formulada el 17 de mayo, de imputar a BBVA y posiblemente a varios de sus ejecutivos, incluyendo al expresidente Francisco González y al responsable de Seguridad, de acuerdo a la información adelantada por El Confidencial.
Cabaleiro ha asegurado que su investigación ha demostrado «de manera amplia e indiscutible» que la entidad financiera debe enfrentar un juicio. En octubre pasado, el juez acogió la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para citar a Carlos Torres como testigo, con el objetivo de esclarecer los controles internos de la organización y su respuesta al escándalo que tiene como centro al ex comisario.
La Audiencia Nacional investiga los pagos de BBVA a Villarejo entre 2004 y 2017, realizados supuestamente para espiar al lobby empresarial encabezado por Sacyr, que intentaba hacerse con el control de la entidad durante la presidencia de Francisco González. En total, la entidad habría pagado más de 10 millones de euros a Cenyt, la empresa de Villarejo. En julio pasado, el juez prolongó la investigación hasta enero de 2024.
Por su parte, Torres fue citado en octubre como testigo y aseguró que desconocía la contratación de Villarejo y los motivos de los pagos realizados. «Yo no tuve nada que ver ni participé ni di ninguna instrucción», afirmó Torres, destacando que se aplicó una «metodología forense por los externos». También subrayó la colaboración total del banco con la Justicia, afirmando que el banco ha aportado toda la información requerida durante la investigación.
Este desarrollo se produce en un momento crítico para el banco, ya que la posible imputación podría complicar sus planes de adquisición de Sabadell y afectar su reputación en el mercado financiero. La entidad financiera celebrará una junta de accionistas en julio, donde se espera que el consejo de administración reciba el respaldo para la compra de Sabadell.