El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa ejemplarizante de más de 150 millones de euros a cuatro aerolíneas de bajo coste: EasyJet, Ryanair, Volotea y Vueling, la mayor sanción impuesta por las autoridades de Consumo en relación con prácticas contra los clientes, según las organizaciones de consumidores Facua y OCU. Las sanciones se deben a prácticas consideradas «abusivas», como cobrar a los pasajeros por llevar equipaje de cabina o por seleccionar asientos cuando viajan acompañados de niños o personas dependientes.
Aunque no se ha detallado el desglose de las sanciones, Ryanair ha recibido la multa más alta, seguida por EasyJet, Volotea y Vueling.
La investigación, iniciada por Consumo en junio de 2023, buscaba determinar si estas prácticas contravenían la normativa vigente. Las aerolíneas tienen la opción de recurrir primero ante el ministro y luego ante la Audiencia Nacional.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 confirmó que en el verano de 2023 se abrieron expedientes a estas aerolíneas ante las denuncias recibidas. Los expedientes investigaban cuatro prácticas: el cobro por la reserva de asientos contiguos para acompañar a menores y personas dependientes, la falta de transparencia en la información precontractual sobre el precio final del servicio, el cobro por el equipaje de mano y la prohibición de pagos en metálico en el aeropuerto.
Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha rechazado las multas, argumentando que perjudicarán a los consumidores al eliminar la opción de pagar solo por los servicios que necesitan. ALA también ha señalado que la imposición de estas multas distorsiona el mercado y ha informado a las autoridades de la Competencia de la UE.
Las sanciones prohíben prácticas como cobrar por el equipaje de mano, cobrar por la selección de asientos para personas vulnerables, la falta de transparencia en los precios y la prohibición de pagos en metálico. Ryanair, en particular, ha sido criticada por cobrar 20 euros por la reimpresión de la tarjeta de embarque, una práctica considerada abusiva.
La investigación de Consumo comenzó en 2023 tras las quejas de asociaciones de usuarios. Las aerolíneas tuvieron la oportunidad de presentar alegaciones, que fueron estudiadas antes de dictar la resolución final. Las aerolíneas aseguran que están trabajando en la armonización de las prácticas comerciales, siguiendo las peticiones de la Comisión Europea. ALA ha criticado la decisión del Ministerio, argumentando que va en contra del principio de libertad de fijación de precios reconocido en el Reglamento 1008/2008 de la normativa europea.