La reforma de la Golden Visa española introduce restricciones significativas para evitar que las inversiones extranjeras ‘influyan negativamente’ en el mercado de la vivienda.
El beneficio otorga la residencia legal al invertir una determinada cantidad de dinero en el país. Sin embargo, con esta modifciación, ahora, además de prohibir a los extranjeros obtener el visado mediante la compra de una vivienda valorada en 500.000 euros o más, la reforma impide que inviertan en proyectos que eleven los precios de la vivienda a cambio del permiso de residencia.
La Proposición de Ley de Sumar, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, busca modificar el sistema de la Golden Visa, que concede a los extranjeros no comunitarios el permiso de residencia a cambio de inversiones en España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el 8 de abril que eliminaría la opción de obtener el visado mediante la compra de una vivienda de alto valor para enfriar el mercado inmobiliario.
El nuevo texto en trámite elimina la disposición que permite a los extranjeros obtener el visado comprando viviendas, y añade un veto a las inversiones que puedan encarecer el mercado. La propuesta de reforma mantiene la posibilidad de obtener el visado a cambio de invertir en un proyecto empresarial en España que sea considerado de interés general, evaluado en términos de creación de empleo, impacto socioeconómico y contribución a la innovación científica o tecnológica. Sin embargo, se introduce una nueva condición: la inversión no debe tener un efecto inflacionista en el mercado de la vivienda de la zona donde se realice.
Para garantizar esto, la ley otorga a las comunidades autónomas (CCAA) la autoridad para emitir un informe vinculante en el expediente de concesión del visado, asegurando que las inversiones no eleven los precios de la vivienda localmente.
La propuesta también mantiene que se puede obtener el permiso con inversiones significativas en otros sectores: dos millones de euros en títulos de deuda pública española, un millón de euros en acciones o participaciones de empresas españolas, o depósitos bancarios en entidades financieras españolas.
El Ejecutivo justifica estas restricciones argumentando que la compra de viviendas de alto valor para obtener el visado implica altos riesgos de blanqueo de capitales debido a la falta de claridad sobre el origen del dinero y contribuye a la tensión del mercado inmobiliario al inflar los precios. Aseguran que en el contexto actual, estas inversiones, junto con factores como el aumento de los apartamentos turísticos y la subida de los tipos de interés, representan una amenaza para el acceso a la vivienda de las rentas medias y bajas.
Sin embargo, las viviendas que conforman el parque al que suelen optar estos inversores no tienen un impacto significativo en el mercado porque son del sector de lujo, a precios prohibitivos.