Hacienda ha implementado una nueva medida para acelerar el proceso de embargo de pagos a empresas, pymes y autónomos, mediante la digitalización de órdenes a los bancos para retener cualquier pago recibido a través de datáfonos o TPV (Terminal en Punto de Venta).
Con la iniciativa, la Agencia Tributaria busca optimizar la recaudación de deudas, asegurando que las empresas y profesionales cumplan con sus obligaciones fiscales de manera más rápida y efectiva, mediante la retención inmediata de pagos electrónicos.
Esta decisión permitirá al ente tributario enviar órdenes de embargo digitalizadas a bancos y proveedores de servicios de pago entre las 00:01 y las 03:00 horas. Las entidades bancarias deberán retener los fondos antes de las 09:00 horas del día siguiente y transferirlos al Tesoro en un plazo máximo de tres días.
Esta medida, aprobada por el Ministerio de Hacienda en una Resolución del 13 de mayo y publicada en el BOE, entrará en vigor de inmediato. La Agencia Tributaria enviará estas diligencias digitales para embargar los ingresos que los profesionales reciben de sus clientes a través del datáfono, pero solo si la deuda está en fase de ejecución y supera los tres euros.
La digitalización del proceso tiene como objetivo agilizar el embargo de deudas, aprovechando la amplia adopción de los sistemas de pago electrónicos tanto físicos como online. La Dirección General de la Agencia Tributaria ha destacado que la utilización de TPV es común debido a su adaptación a los avances tecnológicos y al crecimiento de los pagos electrónicos. Por tanto, consideran que extender el uso de técnicas telemáticas para embargos a TPV es necesario, basándose en los resultados positivos obtenidos con otros tipos de diligencias telemáticas.
Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente uso de medios de pago electrónicos y, de acuerdo al organismo público, responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en la recaudación de deudas tributarias. Cabe recordar que el año pasado, en su informe sobre la evaluación de la Ley contra el fraude fiscal, Hacienda ya había mencionado la posibilidad de exigir a los profesionales y empresas estar al corriente de sus obligaciones tributarias para poder utilizar un TPV.