Las energéticas podrían recibir pronto una buena noticia: la eliminación del impuesto extraordinario que el Gobierno aprobó y que ha generado numerosas quejas en el sector.
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha mostrado su disposición a eliminar este gravamen tras la petición de Bruselas de abandonar las medidas intervencionistas adoptadas durante la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania.
Inicialmente, el Ejecutivo tenía la intención de incluir desgravaciones ligadas a la inversión en los Presupuestos Generales del Estado para mitigar el impacto del impuesto, pero la retirada del proyecto de cuentas públicas ha dejado la prórroga del gravamen en un punto muerto, a pesar de que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar lo contemplaba.
Esta decisión se produce en medio de las negociaciones de la opa de Taqa y Criteria sobre Naturgy, con ambas compañías avanzando en la creación de una sociedad conjunta y en la financiación de la operación. Estas negociaciones incluyen la clarificación sobre la retirada del impuesto.
El fondo Mubadala de Emiratos Árabes, principal accionista de Cepsa, ha visto de cerca el impacto negativo del impuesto, que ha contribuido a los números rojos de la petrolera. Tanto Taqa como Criteria han solicitado al Gobierno que se comprometa a extinguir el gravamen. Actualmente, las compañías deben pagar el impuesto correspondiente a este ejercicio.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, criticó el impuesto, calificándolo de innecesario y resaltando la elevada carga tributaria en España. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, señaló la necesidad de inversiones para la descarbonización y afirmó que el impuesto no debería mantenerse, dado que en otros países europeos no existe.
Repsol ha amenazado con retirar inversiones si el impuesto persiste, citando la falta de estabilidad regulatoria y fiscal como un impedimento para futuros proyectos. Cepsa también criticó el diseño del impuesto, argumentando que la aprobación de Bruselas ya ha expirado debido a la desaparición de la crisis energética.
La asociación Aelec, que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP, ha recurrido el impuesto ante la Audiencia Nacional, calificándolo de discriminatorio y fiscalmente incoherente. En el sector financiero, CaixaBank advirtió que gravar más a la banca podría dañar el crédito y ahuyentar a los inversores, lo que representaría un riesgo para la economía.