La Generalitat de Cataluña deberá ofrecer la mayor convocatoria de empleo público de su historia debido a los retrasos acumulados bajo la gestión de ERC en los últimos años.
Por esta razón, la Administración autonómica debe convocar más de 34.000 plazas antes de fin de año para reducir la temporalidad en la función pública al 8%, en cumplimiento con la ley 20/2021, que impone este porcentaje a todas las Administraciones, incluidos los ayuntamientos, al cierre de 2024.
Esta mega oposición agrupa las ofertas de empleo público no ejecutadas de los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 2024, sumando un total de 34.312 plazas, actualmente ocupadas por trabajadores temporales. Estas plazas se distribuyen entre diferentes sectores de la Generalitat, destacando los sanitarios y docentes, que representan el 69% de la oferta, seguidos por la policía autonómica, los bomberos, agentes rurales, funcionarios de prisiones y personal administrativo.
El retraso en la convocatoria se debe, en gran parte, a la necesidad de estabilizar a los interinos que ingresaron a la Administración antes de 2016. Este proceso de estabilización, iniciado tras una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha regularizado la situación de aquellos empleados que accedieron a sus puestos sin superar una oposición, acumulando años de antigüedad sin modificar su estatus. Este proceso, que culmina en el primer semestre del año, ha permitido convertir a la mayoría de estos interinos en funcionarios, reduciendo la tasa de temporalidad a través de mecanismos extraordinarios.
A pesar de estos esfuerzos, alcanzar el objetivo del 8% de temporalidad sigue siendo un desafío. La Generalitat podría cumplir con el calendario de la ley de 2021 si lanza la oferta pública de empleo este año, aunque se resuelva en 2025, protegiéndose así de posibles acciones judiciales. Además, el decreto Iceta, aprobado en julio de 2021, prohíbe que los trabajadores públicos ocupen la misma plaza por más de tres años encadenando contratos, lo que obligará a la Generalitat a rescindir contratos a partir de julio de 2024.
Cataluña no es la única autonomía que llega tarde en reducir la temporalidad. La tasa de temporalidad en el sector público español alcanzó casi el 30% a finales de 2023, con comunidades autónomas y ayuntamientos concentrando la mayoría de los trabajadores temporales. Aunque algunos son optimistas sobre la posibilidad de alcanzar el 8% de temporalidad en la Generalitat, otros consideran que los números actuales hacen difícil cumplir este objetivo, dados los 190.000 empleados en la Administración autonómica y las 34.000 plazas que se necesitan cubrir.