LaCaixa ha anunciado que duplicará su participación en Telefónica, igualando la participación del 10% que posee el Gobierno de España en la teleco.
A través del vehículo de inversión del banco, Criteria, la empresa ampliará su participación en la compañía desde el 5% actual, según adelanta El Confidencial. De esta forma, se convertiría en el principal inversor de la empresa junto al Estado español y la teleco saudí STC, otra empresa pública.
El pasado mes de abril, el aparato de inversión duplicó su presencia en Telefónica pasando del 2,5% al 5%. En ese momento, quedaron como máximos accionistas. A este porcentaje, hay que sumar otro 2,5% del capital social que posee LaCaixa de forma individual.
Ahora queda por ver cómo el holding dirigido por Isidro Fainé acometerá la operación. Y es que ese 2,5% + 5% en participaciones individuales abre muchos escenarios.
Por ejemplo, Criteria podría llegar hasta el 10% y LaCaixa quedarse con el 2,5% actual, dejando al brazo inversor al mismo nivel que el Estado. Otra de las opciones que se abre es que la entidad financiera fusione sus participaciones individuales en un solo ente accionario. Pero de ‘fusionarse’, genera otras interrogantes: llegar al 10% desde el 7,5% o totalizar 12,5%, quedando como máximo accionista de la empresa.
De momento, el holding de la entidad financiera no ha realizado comentarios sobre la transacción.
Sin embargo, expertos ubican el escenario de unir las participaciones como prácticamente un hecho, quedando la participación en manos de Criteria. Aunque les queda la duda de si solo adquirirían el 2,5% faltante o por el contrario, buscarían llegar al 12,5%.
Pero el tema accionario parece no terminar nunca en Telefónica. La SEPI recién ha completado su compra del 10% de las acciones y al asiento en el consejo de administración estaría buscando sumar otro.
A esto, hay que sumar la situación del otro gran accionista de la empresa: STC. Los saudíes han alcanzado el 5% de la participación pero para poder adquirir el otro 5%, necesita la aprobación del Gobierno, que por la normativa vigente, conocida como ‘antiopas’, debe dar luz verde a determinadas operaciones que involucren capital extranjero, como también lo es el caso de Talgo o Naturgy.