La oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA a Sabadell se ha convertido en un caso mediático. La operación, que se produce en medio de la campaña de cara a las elecciones de Cataluña de este domingo, 12 de mayo, ha pasado a ser un proceso hostil en muchos niveles.
En este sentido, llama la atención primero, los tiempos del anuncio realizado por el banco vasco para intentar adquirir el banco catalán pero también la actitud de distintos actores. Por ejemplo, al darse a conocer la noticia de la intención de fusión, el Gobierno de Pedro Sánchez se mostró a favor. Salvo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el resto de altos cargos como el titular de Economía, Carlos Cuerpo, no objetó la operación. Una semana después, la postura a cambiado por completo.
Ahora el Ejecutivo asegura que no permitirá la operación y que es lesiva para el sistema bancario español. Ahondado en la carga, Díaz indica que se negarán la operación a través de la ley de ordenación y supervisión bancaria que, en su disposición adicional segunda, establece que “es el Gobierno de España el que tiene que autorizar este tipo de operaciones”.
Pese a que el texto indica que es el ministro de Economía el que debe “autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco”. Esta decisión será tomado usando los informes al Banco de España, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, a la CNMV y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Por su parte, desde el principal partido de oposición, el Partido Popular, señalan que esto es una “sobreactuación” que forma parte de una estrategia electoral. Aunque el candidato popular en Cataluña, Alejandro Fernández mostró sus reservas sobre la operación por el impacto que podría tener en términos de empleo.
Del lado de la empresa objetivo, el Banco Sabadell ha presentado una queja formal ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que acusa al BBVA de vulnerar la normativa de las OPA al presuntamente, presentar información incompleta a los analistas e inversores durante la videoconferencia en la que se presentó la propuesta de adquisición y los pasos a seguir.
En concreto, el Real Decreto 1066/2007, prohíbe a las compañías que presentan la oferta dar a conocer información adicional o diferente a la que se incluye en el anuncio oficial previo de la oferta.
En la denuncia del CNMV, el banco catalán exige que se garantice que el banco vasco ofrezca la información completa y asegure un proceso ordenado.
Ahora, el organismo revisará la OPA para asegurar que no tiene problemas ni ha incumplido la normativa.
Por su parte, el BBVA resta importancia a estos nuevos obstáculos. Consideran que luego de las elecciones, la postura del Gobierno volverá a la neutralidad y que la oferta saldrá adelante, a la espera que los accionistas la acepten.