El diálogo social del Gobierno central vuelve a excluir a la patronal de una reforma.
De esta forma, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, firmarán este miércoles, 8 de mayo, el acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo.
En esta ocasión el pacto se ha realizado sin la participación de las patronales CEOE y Cepyme que consideran que el proceso ha sido más consultivo que negociador, por lo que su aportación no sería tomada en cuenta.
El Ejecutivo debía a Bruselas esta medida, que es necesaria para poder percibir los 10.000 millones de euros que forman parte del siguiente tramo de los fondos europeos.
La reforma avanzada por el Gobierno, introduce importantes novedades que facilitan la compatibilizar el subsidio asistencial con empleo, permitiendo trabajar hasta 180 días sin reducción en la cuantía de la ayuda o percibir de forma simultánea la prestación contributiva con un salario después de un año de percepción del paro. Además, simplifica los trámites administrativos eliminando el mes de espera para quienes agoten su prestación contributiva y deseen solicitar el subsidio.
Entre las mejoras más destacadas, se mantienen incrementos en las cuantías del subsidio, estableciéndose en tres tramos durante los primeros doce meses de percepción: 95% del Iprem en los primeros seis meses, 90% en los siguientes seis y 80% por el resto de la duración de la prestación. La reforma también amplía la cobertura a nuevos colectivos como víctimas de violencia de género o sexual, emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios.
Además, la reforma propone una mayor flexibilidad para cumplir con el requisito de insuficiencia de rentas, permitiendo el acceso por insuficiencia de rentas personales o de la unidad familiar alternativamente. Los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura serán compatibles con los del Régimen General, y se reducirán las jornadas requeridas para acceder a estos debido a la sequía.
Otra novedad es la posibilidad de que, tras agotar los subsidios, los beneficiarios puedan incorporarse al Ingreso Mínimo Vital, a excepción de las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados que se mantendrán en el subsidio. También se establece un mecanismo de reserva de políticas activas de empleo para mayores de 52 años, destinando fondos específicos para este grupo.