El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid es apetecible para distintas constructoras españolas. Muchas de ellas están ultimando los detalles para formar consorcios y participar en la licitación de uno de los mayores proyectos de infraestructura en España.
El proyecto ha sido planificado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para que se construya en dos lotes y cuatro fases, con las obras comenzando en el primer trimestre de 2025 y con una finalización prevista para 2028. El complejo, que se ubicará en Valdebebas, unificará 26 sedes judiciales dispersas actualmente por Madrid, y servirá diariamente a más de 30,000 personas. Se construirán entre 10 y 13 edificios en un área que significará un aumento del 61% en espacio en comparación con las instalaciones actuales, creando un centro judicial más eficiente y centralizado para la capital.
Según fuentes del sector, se espera que cinco grandes grupos compitan en este proyecto, con alianzas ya formadas entre los principales actores del sector.
En este sentido, Dragados (parte de ACS) y Acciona han formado un consorcio para licitar el proyecto. OHLA, Azvi y Rover también han consolidado su colaboración desde hace semanas. A estas alianzas se suma un grupo compuesto por FCC, Ferrovial y Sacyr, que recientemente han llegado a un acuerdo para trabajar conjuntamente en esta puja.
Además, Lantania y Grupo Ortiz han establecido un consorcio con Vías, otra subsidiaria de ACS, permitiendo a ACS competir desde dos frentes diferentes, una táctica común para el grupo en licitaciones tanto nacionales como internacionales. Por otro lado, Grupo Sanjose ha formado un consorcio con Avintia y Cobra, esta última una filial del gigante francés Vinci, con Typsa y los estudios de arquitectura de Carlos Rubio Carvajal y b720 Fermín Vázquez encargados del diseño del proyecto.
Las empresas deben presentar sus ofertas para el proyecto el próximo 20 de mayo. La Comunidad de Madrid ha dividido el contrato en dos lotes que suman un presupuesto de más de 683 millones de euros. Este método se seleccionó después de que un intento anterior de avanzar en el proyecto mediante un contrato de colaboración público-privada no tuviera éxito el año pasado.
Los consorcios que se están formando incluyen a algunos de los mayores grupos de construcción en España, así como a la empresa francesa Vinci, a través de Cobra. Este nuevo enfoque directo para gestionar la Ciudad de la Justicia promete superar los desafíos enfrentados con los modelos concesionales previos.