La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, ha anunciado que pondrá especial atención a los despidos producidos durante el período de prueba.
En una movilización de la Inspección de Trabajo para detectar y sancionar posibles abusos en los despidos que se producen al no superar el periodo de prueba en los contratos de trabajo. Esta medida responde a la creciente preocupación del gobierno sobre el uso indebido de esta etapa inicial del contrato laboral, que según señala, se ha estado utilizando incorrectamente para despedir trabajadores de manera fraudulenta.
El Ministerio de Trabajo, liderado por Díaz, intensificará la vigilancia especialmente en aquellos casos donde los empleados son despedidos durante o al finalizar el periodo de prueba, a pesar de haber sido contratados anteriormente para realizar funciones similares. Esta práctica, que menoscaba los derechos de estabilidad laboral de los trabajadores, ha llevado a un aumento significativo de los despidos bajo esta modalidad.
En los últimos años, la tasa de terminación de contratos bajo la premisa de no superación del periodo de prueba ha mostrado un incremento notable. Desde la implementación de la reforma laboral, se ha observado que aunque la contratación indefinida ha aumentado, también lo ha hecho proporcionalmente la cantidad de despidos durante el periodo de prueba. En 2021, el ratio era de una baja por cada 33 altas, mientras que en 2023 esta cifra se ajustó a una baja por cada 14 altas.
La Inspección de Trabajo empleará herramientas avanzadas como la Herramienta de Lucha contra el Fraude para cruzar datos y detectar irregularidades más efectivamente. Este esfuerzo busca no solo corregir estas prácticas indebidas, sino también reforzar el mensaje de que los derechos laborales son inalienables y deben ser respetados en todas las fases del contrato.
Yolanda Díaz ha reiterado el compromiso del gobierno con la protección de los trabajadores, asegurando que no se permitirá que el periodo de prueba se convierta en una excusa para eludir la responsabilidad de proporcionar estabilidad laboral. La acción del gobierno destaca la importancia de garantizar que las condiciones laborales sean justas y que el periodo de prueba no se abuse para fines fraudulentos o de rotación excesiva de personal.