El Banco de España ha lanzado una crítica marcada a las políticas de control de precios de alquiler, advirtiendo sobre las complicaciones que podrían surgir de limitar las actualizaciones anuales de rentas y los controles de precios. Este enfoque impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, según el regulador, podría provocar un desplazamiento de la oferta hacia otras modalidades de arrendamiento y potencialmente incrementar las rentas para los hogares de menores ingresos.
El análisis del regulador expresa serias dudas sobre la efectividad de la ley de Vivienda para alcanzar sus objetivos destinados a proporcionar alivio a los jóvenes y a las clases más modestas. La entidad, presidida por Pablo Hernández de Cos, resalta que las medidas de control de precios en otros países han mostrado que pueden llevar a una disminución de la calidad de las viviendas disponibles debido a un mantenimiento reducido, así como a una contracción en la oferta de vivienda de alquiler. Esto podría resultar en un aumento de alquileres en modalidades no reguladas como el alquiler temporal o turístico.
El informe del instituto también sugiere que los controles de precios pueden tener efectos distributivos regresivos, beneficiando a aquellos que ya están pagando rentas por encima del máximo establecido, mientras que los que pagan menos podrían enfrentarse a aumentos. Este fenómeno podría intensificar las dificultades para los hogares con ingresos más bajos, precisamente aquellos que las políticas pretenden proteger.
El Banco de España no solo se enfoca en los problemas potenciales de las políticas actuales, sino que también ofrece sugerencias para mejorar la situación. Una recomendación clave es eliminar el tratamiento diferencial en la regulación y la normativa contractual de grandes tenedores de viviendas en comparación con los particulares. El regulador argumenta que promover una mayor profesionalización en el sector del alquiler podría ayudar a aumentar la oferta y estabilizar los precios, proponiendo que se alineen los beneficios fiscales con la provisión de alquileres a precios asequibles o sociales.
Por último, el Banco recalca la necesidad de incrementar significativamente el número de viviendas destinadas al alquiler social para cumplir con los estándares europeos, señalando que se requiere un esfuerzo mucho mayor del que actualmente se ha proyectado en el plan de vivienda del Gobierno. Este desafío es enorme, y sin un cambio en las políticas actuales, el regulador advierte que será difícil alcanzar los objetivos deseados.