El Banco de España ha emitido un informe que arroja serias dudas sobre la capacidad del Gobierno para cumplir su promesa de proporcionar alquileres asequibles, destacando que sería necesario incrementar la producción de viviendas en un 150% para alcanzar este objetivo. Según el regulador, la actual oferta de vivienda de alquiler social en España es significativamente baja, representando solo el 1.5% del total, muy por debajo de la media europea del 10%.
Este análisis surge en un contexto donde el Presidente Pedro Sánchez había prometido durante la campaña de las elecciones municipales la creación de 184,000 pisos de alquiler. Sin embargo, los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sugieren que hasta julio de 2023 solo se han comprometido o están en desarrollo aproximadamente 71,000 viviendas de alquiler social, incluyendo las aportaciones de la Sareb y del Fondo Social de Viviendas. Esto indica que apenas se ha alcanzado la mitad de lo prometido.
Además, el Banco de España advierte sobre los efectos potencialmente negativos de las políticas de limitación de precios de alquiler. La implementación de estas medidas, que hasta ahora solo se ha solicitado en Cataluña, podría llevar a una disminución en la oferta de alquileres regulados, desplazando la actividad hacia el alquiler de temporada o la vivienda turística. Este cambio no solo afectaría la disponibilidad sino también la calidad del parque habitacional, ya que podría disminuir el mantenimiento de las propiedades afectadas.
Otro aspecto preocupante señalado por el regulador es el impacto distributivo de estas políticas de control de precios. Mientras que los inquilinos que actualmente pagan rentas por encima del límite establecido podrían beneficiarse, aquellos con alquileres más bajos podrían enfrentar incrementos. Esto último afectaría desproporcionadamente a los hogares con menores ingresos, aumentando su carga financiera en lugar de aliviarla.
Estos hallazgos del Banco de España resaltan la complejidad y los desafíos significativos que enfrenta el Gobierno en su esfuerzo por aumentar el acceso a la vivienda asequible y equitativa. Se hace evidente que sin un aumento considerable en la producción de nuevas viviendas y una reconsideración de las políticas de control de precios, los objetivos de vivienda asequible podrían permanecer fuera de alcance.