El Gobierno de Pedro Sánchez avanza en su objetivo de hacerse con Telefónica.
El Estado español ha dado un paso significativo al adquirir el 3 % del capital de la teleco a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este sería el inicio de su estrategia para convertirse en el principal accionista de la compañía, aumentando su participación hasta un 10 %.
En este sentido, el Gobierno ha pegado un ‘acelerón’ a la operación ya que inicialmente se había previsto que alcanzara este 3% antes del verano. La adquisición representa aproximadamente unos 700 millones de euros.
El Ejecutivo ha adelantado los tiempos luego de un período incierto. Cabe destacar que el Gobierno anunció su intención de hacerse con la empresa en diciembre.
Pese a este paso importante de cara a hacerse con la mayoría de las acciones de Telefónica, ahora se plantea el desafío de financiar la compra del 7% adicional, calculada en unos 2.200 millones de euros necesarios para sumar el 10 % de la compañía. Y es que la capacidad financiera de la SEPI parece insuficiente para este desembolso, especialmente considerando que no hay presupuesto asignado para esta operación y que la deuda de la SEPI ha aumentado considerablemente en los últimos seis años.
A pesar de estas dificultades financieras, el Ministerio de Hacienda, que supervisa la SEPI, ha reiterado su compromiso de cumplir con el acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de diciembre, que establecía el objetivo de obtener ese 10 % de participación en Telefónica.
La entrada de la SEPI en Telefónica también plantea interrogantes sobre el futuro de la compañía y su posible politización. Mientras algunos expertos opinan que la intervención estatal podría ser positiva para reforzar lo público y estatal, otros consideran que podría generar una politización innecesaria y poner en riesgo la eficiencia de la gestión empresarial.
Esta movida estratégica no solo otorgaría al Gobierno el control en el Consejo de Administración, sino que también abriría diversas oportunidades en otros ámbitos. Además de la posibilidad de nombrar a un representante en el Consejo, el Gobierno podría beneficiarse del control sobre las comunicaciones móviles, la plataforma de entretenimiento Movistar Plus+, así como del presupuesto publicitario de Telefónica.