Tras una llegada masiva de coches chinos al mercado europeo, la Comisión Europea ha desatado la alarma, lo que ha llevado a Bruselas a revisar el asunto.
La preocupación se centra en el rápido aumento de estas importaciones, que han alcanzado cerca de 200.000 vehículos en un lapso de solo tres meses. Este incremento, que equivale a un aumento mensual promedio del 11%, ha generado inquietud en las autoridades europeas, especialmente por la posibilidad de que estos vehículos estén recibiendo subsidios ilegales en su país de origen.
Ante esta situación, la Comisión Europea ha decidido registrar las importaciones de vehículos eléctricos chinos y seguir de cerca esta avalancha para imponer aranceles retroactivos si se detecta algún indicio de prácticas desleales. Este registro, que entró en vigor recientemente, permite a las aduanas europeas rastrear las importaciones específicas y facilita la percepción retroactiva de derechos compensatorios en caso de que se determine su imposición.
La investigación en curso, abierta formalmente por la Comisión Europea el pasado 4 de octubre, tiene como objetivo determinar si las cadenas de valor de los vehículos eléctricos en China se benefician de subsidios ilegales y si estos están causando o amenazando con causar un perjuicio económico a los productores de la Unión Europea. Según estimaciones de la Comisión, los vehículos chinos tienen actualmente una penetración del 8% en el mercado europeo, una cifra que podría duplicarse hasta alcanzar el 15% en 2025 si la tendencia actual persiste. Además, estos vehículos se venden a un precio aproximadamente un 20% más bajo que los europeos, lo que plantea una competencia desleal para los productores de la UE.
El proceso de investigación está sujeto a un cronograma estricto: debe concluir en un plazo máximo de 13 meses a partir de su apertura. Si se justifica legalmente, podrán imponerse derechos antisubvenciones provisionales en un plazo de 9 meses desde el inicio de la investigación. Posteriormente, se podrían aplicar medidas definitivas hasta 4 meses después o en un plazo de 13 meses a partir del inicio de la investigación.
Sin embargo, el resultado del proceso aún está pendiente y se espera que las autoridades europeas sigan tomando medidas para abordar cualquier práctica desleal que se identifique.