La posible oferta de compra de Talgo por parte de la empresa húngara Magyar Vagon (Ganz-MaVag Europe Zrt.) no ha sido bien recibida por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Pese a que el fondo Trilantic, principal accionista de la compañía española, y que Ganz-MaVag Europe haya afirmado que mantendrían la sede social y fiscal en España, el Ejecutivo parece decidido a torpedear la operación ante sus dudas por la procedencia del capital ruso en la empresa.
Ya el pasado 21 de febrero, el ministro de Industria, Jordi Hereu, indicó que el Gobierno analizaría el carácter estratégico de Talgo. Ayer, se aumentó el tono, cuando el ministro de Transporte, Óscar Puente, afirmó que harían todo lo posible para evitar la operación.
Las declaraciones de Puente han preocupado a la húngara que todavía no ha presentado la oferta ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, el asunto está siendo vigilado por la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, que dirige Manuel de la Rocha. Según ha trascendido, los húngaros valoran a la compañía española en 620 millones de euros, aunque desde el inicio no ha existido certeza de que la operación culmine con éxito.
El Gobierno, además, podría emplear la normativa expuesta en el Real Decreto sobre Inversiones Exteriores del 4 julio de 2023, en el que indica que todo capital extranjero debe recibir la autorización del Consejo de Ministros para poder adquirir más del 10% del capital social de una empresa española si esta operación supera los 500 millones de euros en cualquier sector que se considere como estratégico.
Y es que si el Gobierno declara como estratégica a Talgo, la OPA tendría que ser aprobada por primero por la Junta de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y luego, validada por el Consejo de Ministros.
Se estima que el Ejecutivo alegue que la tecnología de ancho variable de Talgo y así como su papel como en el mantenimiento de buena parte de la flota de trenes de Renfe para señalar como estratégica a la empresa.
La principal razón que esgrime el Ejecutivo para evitar la operación es la conexión rusa en Ganz-MaVag Europe.
Más de la mitad, el 55%, pertenece a Zsolt Hernádi, presidente de la petrolera húngara Mol, y a Zsolt Komondi, exjefe de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Nacional de Hungría. Sin embargo, el 45% restante está en manos de Corvinus, un fondo encabezado por András Tombor. Este holding se dio a conocer por dar su apoyo al banco ruso International Investment Bank, ignorando las sanciones a causa de la guerra de agresión de Vladimir Putin. Tombor es dueño del fabricante ferroviario DJJ Group (Dunakeszi Jármüjavitó Kft), que hasta 2022 estaba controlado por capital ruso pero que tras la invasión a Ucrania pasó a manos de la húngara Magyar Vagon.
Este frente abierto entre las empresas y el Gobierno produjo la caída del fabricante en bolsa, que pasó de registrar un alza de 5% en el arranque de la jornada hasta caer su cotización a 4,17 euros.