La reciente sentencia del Juzgado número 29 de Primera Instancia de Barcelona, que anuló un aval ICO del Covid debido a la falta de información al cliente, puede marcar un antes y un después para pymes y autónomos.
Este fallo, emitido el pasado 2 de octubre, estableció que la responsabilidad del cliente se limita al 20% del capital concedido en lugar del 100%, como se entendía erróneamente al momento de la firma del contrato en el ámbito de los préstamos respaldados por el Instituto de Crédito Oficial durante la pandemia.
De esta forma, la empresa que no podía honrar el pago de la totalidad de la deuda, que ascendía a 258.000 euros, solo deberá avalarla por el 20% y no por el 100%. La decisión judicial falla a favor de la clienta, que “albergaba la certeza de que, al ser un contrato especial por el Covid, solo garantizaba el 20% del préstamo”.
La falta de claridad en la comercialización de los créditos avalados por el ICO ha generado un escenario de incertidumbre para los deudores, quienes creían estar asumiendo solo el 20% del aval, mientras que en la práctica fueron ejecutados por el 100%. Esta situación, motivada por la falta de información por parte de las entidades financieras, ha llevado a una serie de reclamaciones legales y ha despertado la preocupación entre los clientes afectados.
La resolución alivia la carga financiera de las pymes y autónomos en caso de incumplimiento, ofreciendo un alivio frente a las dificultades económicas generadas por la crisis sanitaria.
La sentencia emitida por el juzgado barcelonés sienta un precedente importante y se espera que genere una cascada de reclamaciones similares en toda España. Los abogados anticipan que habrá un aumento significativo en las demandas contra la banca por la mala comercialización de los préstamos ICO del Covid, ya que muchos clientes podrían buscar compensación por los daños sufridos debido a la falta de transparencia en los contratos.
Cabe señalar que los bancos firmaron hasta 1,2 millones de contratos ICO por 140.700 millones de financiación durante la pandemia. De este total, 107.200 millones estaban avalados por el Estado. De los clientes, 674.922 -casi la mitad – eran autónomos y el resto, pymes. Por su parte, el ICO ya ha pagado a los bancos 545 millones de euros por 48.000 créditos fallidos, según los últimos datos oficiales a cierre de junio del año pasado.
El impacto de esta decisión judicial se extiende más allá del caso específico, ya que pone de manifiesto la necesidad de una mayor claridad y transparencia en la comercialización de productos financieros, especialmente en situaciones de crisis como la pandemia.
La sentencia que limita la responsabilidad del cliente en los avales ICO del Covid al 20% del capital concedido representa un paso positivo hacia una mayor respiro para los deudores afectados que no pueden hacer frente a las deudas contraídas durante la pandemia. Sin embargo, también puede impactar negativamente en el sector financiero, que podría enfrentarse a una mayor presión legal en los próximos meses.