El Banco Central Europeo (BCE) ha llamado la atención al Gobierno de Pedro Sánchez, a través de una misiva enviada el pasado 22 de febrero.
En una carta dirigida al secretario de Estado de Economía, Israel Arroyo, el ente regulador acusa al Ejecutivo de invadir sus competencias al saltarse la “obligación de consultar al BCE los proyectos de disposiciones legales nacionales” destinados a regular la actividad de las empresas que ofrecen servicios de inversión y que compromete al Banco de España.
La carta, firmada por el miembro del comité ejecutivo del BCE y vicepresidente del consejo de supervisión, Frank Elderson, critica el cambio aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de noviembre en un Real Decreto y que entró en vigor el 29 de noviembre de 2023.
De acuerdo al ente regulador europeo, el artículo 79, en el apartado 5, del Real Decreto en el que que se modifica el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión, se establece que el Banco de España debe establecer las “medidas necesarias para que sea posible que las empresas de servicios de inversión puedan abrir cuentas en el banco central a su discreción” para poder depositar los fondos que reciban de su clientela.
Elderson señala que “las autoridades nacionales deben consultar al BCE acerca de cualquier proyecto de disposición legal que afecte a las competencias de este, incluidas las relativas a los bancos centrales nacionales” por lo que esta modificación no entran dentro de las obligaciones de trasposición expresamente derivadas de la Directiva Delegada (UE) 2017/593.
El ente regulador señala que el cambio en la modificación del régimen jurídico de estas empresas contraviene el artículo 127, apartado 4, y en el artículo 282, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en el artículo 2, apartado 1, de la Decisión 98/415/CE del Consejo del organismo monetario.Además, emplaza al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a cumplir la normativa vigente.
“El BCE agradecería al secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa que tuviera debidamente en cuenta las observaciones que anteceden a fin de cumplir en adelante, cuando proceda, la obligación de consultar al BCE los proyectos de disposiciones legales nacionales que afecten a las competencias del BCE”
La respuesta de Fráncfort echa por tierra la argumentación del Gobierno de Pedro Sánchez que en ese momento afirmó que el cambio legal se realizaba “conforme a la normativa europea”.
La carta también se envió al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, al comisario de Economía de la Comisión Europea, Paolo Gentiloni y al director general del Servicio Jurídico de la Comisión Europea, Daniel Calleja Crespo.