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Desde hace tres semanas el campo español -y el europeo en general – ha salido a las calles a hacer palpable el malestar existente debido a las condiciones a las que se enfrentan para desarrollar su actividad económica.
Diversas tractoradas han tomado ciudades de todo el territorio español, incluso en la capital donde el pasado lunes 26, unos 100 tractores alcanzaron la oficina de la Comisión Europea en el Paseo de la Castellana en Madrid, coincidiendo con una reunión de los ministros de agricultura de la UE en Bruselas.
Sin embargo, pese a las protestas todavía no se han producido avances significativos en las reformas que solicitan. Por lo tanto, los agricultores se mantienen en pie de lucha, exigiendo reivindicaciones.
Como una reforma de la Política Agraria Común (PAC) y la supresión de las llamadas cláusulas espejo
Pero hay mucha gente que no tiene claro qué es lo que exigen el campo español, por eso hemos ofrecemos las principales claves para entender el conflicto en el sector primario en un momento que puede ser definitorio para el futuro de la agricultura tanto en España como en Europa.
Mejores condiciones para productos locales
Los agricultores se quejan de ‘competencia desleal’ al estar en desventaja frente a otros productos que provienen de terceros países. Por ejemplo, los controles en la producción de los productos agrícolas son más exhaustivos en Europa que en otras naciones para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 -uno de los argumentos más recurrentes entre los manifestantes – y aunque impacta en el precio de producción, no es el único aspecto que reclaman.
En la UE, el sector agrícola cuenta con una serie medidas que le ‘protegen’ para que los productos de terceros países no tengan tan fácil entrar en el mercado común. Sin embargo, en la práctica no han tenido tanto éxito. Como consecuencias indeseadas, se ha producido una reducción en la inversión en el campo y un aumento en la burocracia. Por lo tanto, los productores en Europa ven como en otros países se ha escalado la inversión y la producción de productos agrícolas al no estar atados a tantas regulaciones para la producción, permitiéndoles ser más competitivos que los europeos pese a las barreras de entrada en el mercado.
Eliminar la excesiva burocracia
Como mencionábamos en el punto anterior, el exceso de regulaciones ha traído como consecuencia un burocratismo impropio de la dinámica del campo y que no premia la eficiencia.
La Política Agrícola Común (PAC) ha sido el principal instrumento de la UE para proteger el campo europeo, ya que Bruselas entiende que es un sector estratégico y de primera necesidad, por lo que han aplicado numerosas directivas para intentar protegerlo. De hecho, entre 2014 y 2020, cerca del 70% del presupuesto total de la UE se destinó a pagos directos a los agricultores.
Sin embargo, los agricultores se han quejado de la complejidad de los procesos y del exceso de burocracia al tener que completar numerosos informes, teniendo que pasar más tiempo detrás de un ordenador que en el campo.
Otro aspecto del que se quejan es que dentro de la PAC se han ofrecido incentivos para la producción de productos que por clima y composición de la tierra no son aptos y que sería mejor destinar a otros cultivos.
El negocio ofrece una ganancia mínima
Otra de las causas de la protesta es que el sector agrícola ofrece márgenes de ganancia mínimos, por lo que muchos consideran que “están en la ruina”.
También se quejan de que las medidas premian más la cantidad de producción que la calidad de los productos. Esto ha traído como consecuencia un exceso de oferta de muchos productos que ha hecho que los precios de venta sean muy bajos, dejando márgenes de ganancia prácticamente inexistentes.
La volatilidad de los precios agrícolas ejemplarizada en productos como el trigo y la leche en la última década, muestran la inestabilidad del sector. Además, redunda en que sea más complicado encontrar financiación e inversores.
Caída en la actividad
Desde 2018, el sector agrícola se ha reducido hasta en 8.000 empresas y se han destruido 70.000 empleos, de acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA).
Los trabajadores del campo se quejan de que el sector se encuentra en una posición más débil y más tensionado gracias a los costes laborales que antes de la crisis de 2008.
Los datos de Eurostat indican que hasta el 80% de las explotaciones agrícolas son pequeñas o medianas. El dato refleja la falta de inversiones a medio y largo plazo. Además, lo complicado que les resulta competir con países productores agrícolas de escala.
Bajos salarios
Otro factor que ha llevado a los agricultores a quejarse son los bajos salarios del sector. Según la EPA, el 60% de los trabajadores que se desempeñan en el campo cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A pesar de los aumentos del Gobierno de Pedro Sánchez, hasta en un 50% desde 2018, sienten que no compensa ese pago por el tipo de labores que desempeñan.
Por su parte, los empresarios del sector, también se quejan por las constantes subidas del SMI. Alegan que debido a las ínfimas ganancias, cada subida representa un incremento en los costes de producción al que no pueden hacer frente con los márgenes tan pequeños en los que se manejan.