El último escándalo de corrupción en España salpica a quien fuera uno de los hombres más cercanos del presidente Pedro Sánchez al inicio de la pasada Legislatura, el exministro de 2020 la cartera se denominó Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (antes denominado Ministerio de Fomento) y actual diputado del Congreso de los Diputados, José Luis Ábalos.
El caso Koldo, una trama corrupta de comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia de coronavirus, ha desatado una crisis institucional tanto para el PSOE como para el Ejecutivo.
Los presuntos sobornos buscaban favorecer a determinadas empresas que suministran materiales de protección sanitaria. El proceso se encuentra en la fase de disposición judicial de los detenidos y podría tener graves implicaciones para diversas autonomías. El jueves se levantó el secreto del sumario.
Las claves para entender el escándalo
Compras masivas de mascarillas entre marzo y junio de 2020
En los meses álgidos de la crisis sanitaria, entre marzo y junio de 2020, las administraciones públicas y organismos del Estado compraron de forma masiva y atropellada mascarillas para sus funcionarios, personal activo no funcionario para adaptarse a la normativa de usar tapaboca para intentar reducir la transmisión del virus.
La investigación pone el ojo en los entes públicos que realizaron compras y que dependen de los ministerios de Transportes y de Interior, así como de los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.
La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, tiene como centro de la investigación el presunto pago de comisiones a Koldo García Izaguirre, quien en esa época era un asesor personal de José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y además, secretario de Organización del PSOE.
Compras por vía de urgencia
Las adquisiciones de las mascarillas se realizaron por la vía de urgencia, por lo que fueron negociados sin la realización de concursos, con los contratos adjudicados ad hoc y con precios fijados en el momento, muy por encima del mercado.
Las compras de las mascarillas FFP2 consistían en adquisiciones de grandes cantidades, más de 20 millones ante la necesidad urgente del material sanitario. La primera operación fue hecha por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través de Puertos del Estado, ente adscrito al órganismo.
La segunda, se produjo a través de Adif, gestor de infraestructuras de Renfe y con relación a la sociedad pública Renfe Mercancías, en la que Koldo García Izaguirre figuraba como consejero, designado por Ábalos. Estas operaciones totalizaron 13 millones de mascarillas, y se cerraron el 20 y el 27 de marzo de 2020, con cinco y ocho millones de mascarillas respectivamente. El material sanitario tuvo como destinatarios a los empleados de AVE, Enaire, Puertos del Estado, Aena, Correos y Sasemar.
Por su parte, el Ministerio del Interior adquirió cinco millones de mascarillas a través de la dirección de Coordinación y Estudios, que dirigía el comisario José Antonio Rodríguez. Koldo García fue el enlace entre Rodríguez y las empresas.
La cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska puso 3,4 millones de euros, mientras que 24,2 fueron pagados por Puertos del Estado y 12,5 por Adif. El resto corrió a cargo de las administraciones autonómicas.
El mediador, Koldo García Izaguirre
García Izaguirre era un militante socialista, exconcejal del ayuntamiento de Huarte. Tomó relevancia por su apoyo a Pedro Sánchez cuando el ahora presidente hacía campaña en las primarias por el liderazgo del PSOE contra Alfredo Pérez Rubalcaba. Sánchez tenía como uno de sus principales aliados a Ábalos, proveniente de Valencia.
El exministro eligió a Koldo García como su mano derecha cuando accedió a la cartera de Fomento. En su paso por el ministerio, compatibilizó su puesto como asesor con el de consejero en Renfe Mercancías. Si bien podría en teoría compaginar hasta dos cargos como consejero, esto no fue bien visto al seno de los socialistas.
A Koldo García también se le atribuye el papel de organizador del polémico encuentro que sostuvo Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien tenía prohibición de entrar en el espacio Schengen.
En la investigación del caso de las mascarillas, se le atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo.
La empresa
La sociedad limitada Soluciones de Gestión y Apoyos a Empresas es la principal implicada en el caso. La compañía, con sede en Zaragoza, se dedica a la intermediación, importación y exportación de materiales sanitarios, además de áreas de energía, agua e instalaciones agrarias.
El administrador de la compañía era José Angel Escorial Senante, quien había sido investigado por la Guardia Civil por una trama de sobornos en varios países africanos. Además, también fue señalado por una presunta participación en sociedades offshore que habría engrosado con el dinero proveniente de contratos con el gobierno de Baleares.
Cabe destacar que las autoridades señalan que la empresa adeudaba 269.000 euros a Hacienda cuando obtuvo los contratos urgentes para la compra pública de mascarillas.
Operación Delorme
El operativo policial desplegado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recibido el nombre de ‘operación Delorme’, que hace referencia al inventor de las mascarillas, el médico francés Charles Delorme.
Desde el pasado martes, la Benemérita ha detenido hasta 20 personas que estarían implicados en la trama de mordidas. Además, el cuerpo de seguridad ha realizado más de 26 registros en diferentes puntos del territorio español: Alicante, Álava, Vizcaya, Cáceres, León, Madrid, Murcia y Zaragoza.
Entre las acciones, se destaca la acción del pasado miércoles en el ministerio del Interior, cuando los agentes tomaron declaración al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el director general del gabinete de Coordinación y Estudios, el comisario José Antonio Rodríguez. Sin embargo, estas declaraciones fueron en calidad de testigos.
Por su parte, los detenidos han pasado a disposición judicial este jueves. Por su parte, Koldo García, el principal investigado, no declaró y fue puesto en libertad.