La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado la reactivación de los trámites para modificar la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, con el objetivo de proporcionar estabilidad, certeza y seguridad jurídica al desarrollo urbanístico en España. Este cambio normativo busca alinear la legislación con los principios de la Agenda Urbana Española, fomentando un crecimiento urbano sostenible e inclusivo, según explica la ministra.
Las medidas relacionadas con la vivienda y el desarrollo urbano que el Gobierno español está tomando podrían generar incertidumbre entre los actores del sector, ya que no se han detallado claramente cuáles serán los cambios concretos ni cómo afectarán a las políticas actuales.
Desde reformas legales hasta la implementación de herramientas para regular los precios del alquiler y facilitar la construcción de viviendas asequibles, estas acciones han sido criticadas por la inacción o falta de propuestas alternativas.
La anticipación de la aprobación del anteproyecto de ley para modificar la ley de suelo en las próximas semanas también plantea dudas sobre la verdadera intención del Gobierno, especialmente después de que la tramitación de esta medida quedara pendiente en la legislatura anterior y haya quedado rezagada respecto a otras medidas más políticas, como la amnistía.
En cuanto al índice de precios de referencia del alquiler, cuya publicación está prevista para febrero, su utilidad parece limitada, ya que hasta el momento solo Cataluña ha mostrado interés en utilizarlo. Esta falta de interés por parte de otras comunidades autónomas refleja una falta de confianza en la efectividad de la medida, que ha sido criticada por diversos expertos y por sectores privados, que consideran que en lugar de proporcionar estabilidad y accesibilidad, solo disminuirá la oferta y hará más complicado alquilar un inmueble.
Adicionalmente, Rodríguez también señaló que están finalizando un convenio con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para establecer una línea de préstamos destinada a promotores públicos y privados para la construcción de vivienda asequible. Este proyecto, respaldado con 4.000 millones de euros del Plan de Recuperación, ha despertado un gran interés entre los promotores, quienes tienen la intención de construir alrededor de 12.000 viviendas.
Sin embargo, el hecho de que esta medida esté respaldada con fondos del Plan de Recuperación podría generar dudas sobre su viabilidad ante los problemas que se han producido con este fondo.